El demandante acusa a diversas entidades financieras de otorgarle créditos de manera irresponsable, superando ampliamente su capacidad de pago. Tras un fallo de incompetencia en el fuero federal de Misiones, la defensa analiza apelar la decisión.
MISIONES.– Un retirado de las Fuerzas Armadas inició una acción legal sin precedentes en los tribunales federales contra un grupo de bancos, emisoras de tarjetas de crédito, una fintech y una firma de cobranzas. En su presentación, solicita la anulación y reconfiguración de sus compromisos financieros y, de manera subsidiaria, plantea la apertura de su quiebra bajo la figura de "persona humana no comerciante", al verse imposibilitado de afrontar una deuda acumulada que asfixia sus ingresos.
El planteo judicial argumenta que el damnificado fue arrastrado a un escenario de insolvencia debido a una cadena de préstamos concedidos de forma sistemática, sin que las entidades realizaran un análisis real sobre su solvencia y capacidad de devolución.
No obstante, el juez federal interviniente rechazó su competencia en el caso, disponiendo el traslado del expediente a la justicia ordinaria de Misiones. Ante este escenario, el equipo legal del jubilado evalúa apelar la resolución. Los letrados sostienen que existen organismos de carácter federal involucrados en la demanda y que, además, el magistrado debió resolver sobre la medida cautelar solicitada antes de derivar la causa.
Esta disputa legal coincide con un contexto nacional de incremento en los índices de morosidad, lo que ha llevado a diversas instituciones bancarias —incluyendo al Banco Nación— a diseñar planes de consolidación y refinanciamiento de pasivos. Sin embargo, la defensa del afectado sostiene que estas herramientas agravaron la crisis del deudor en lugar de solucionarla. La demanda se dirige puntualmente contra el Banco Santander, el Banco Nación, el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), Mercado Pago y la cobradora de deudas involucrada.
El origen de la crisis: Un espiral de créditos en cascada
La situación del jubilado, quien previamente no registraba antecedentes financieros negativos, comenzó a deteriorarse a mediados de enero de 2024. En esa fecha, solicitó un préstamo UVA Black al Banco Santander por $1,47 millones para realizar refacciones edilicias, con una cuota base de $35.402. A partir de allí, se inició una seguidilla de refinanciaciones y nuevos pasivos.
Durante el transcurso de ese año, los créditos se encadenaron: $5,4 millones en abril, $8,3 millones en junio, casi $7,9 millones en agosto y $5,7 millones en septiembre, sumándose más obligaciones a finales de 2024 y durante los primeros meses de 2025. El escrito judicial advierte que el capital inicial otorgado rondaba los $49 millones, pero la deuda reclamada por la entidad privada trepó hasta los $83 millones.
Los patrocinantes legales, María Graciela Martinis y Carlos Piñeiro, explicaron que no se trata de un deudor irresponsable que buscó insolventarse de forma voluntaria, sino de un consumidor que recurrió a nuevos créditos para intentar cubrir los compromisos anteriores. Los abogados califican el escenario como un "sobreendeudamiento inducido sistémico" y denuncian la violación del principio de crédito responsable. Asimismo, exigen que se reemplace la actualización por indexación UVA por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Prácticas cuestionadas y desproporción económica
La demanda también alcanza a Mercado Pago, señalando que otorgó líneas de financiamiento a pesar de la evidente situación de vulnerabilidad financiera del usuario. En tanto, la agencia de cobranzas MO&PC Collections fue denunciada por presunto hostigamiento a través de mensajes a familiares y propuestas de pago inaplicables.
Otro de los puntos críticos del expediente menciona que parte del dinero de los préstamos fue derivado, por sugerencia del propio banco, hacia fondos comunes de inversión, promoviendo la toma de pasivos para colocaciones de riesgo sin brindar el asesoramiento adecuado.
En la actualidad, con un haber mensual que promedia los $1,5 millones, el demandante enfrenta compromisos globales que superan los $150 millones. Ante esta brecha insalvable, la defensa advierte que, si los tribunales no intervienen sobre las cláusulas que consideran abusivas, la declaración de quiebra en los términos de la Ley 24.522 será la única alternativa legal, alertando que este caso es el reflejo de una problemática que afecta a miles de consumidores en el sistema financiero actual.
