La iniciativa parlamentaria busca eliminar el requisito del título universitario y la fiscalización de los colegios profesionales para ejercer la actividad. Mientras el Gobierno defiende la libre competencia, el sector advierte por los riesgos de informalidad y fraudes en las operaciones.
El mercado inmobiliario argentino se encamina hacia un debate estructural en el plano legislativo. El Gobierno nacional avanza en el diseño de un esquema de reformas orientadas a liberalizar el corretaje, promoviendo la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula profesional para intermediar en transacciones de compra, venta o alquiler de inmuebles. De concretarse, la medida habilitará a cualquier individuo a ejercer la actividad sin necesidad de acreditar formación académica específica o estar respaldado por un ente colegiado.
La propuesta central se encuentra plasmada en la denominada "Ley de Libertad Inmobiliaria", un proyecto presentado en la Cámara de Diputados por el legislador Alejandro Bongiovanni (PRO). El texto normativo apunta de forma directa contra las bases del decreto ley 20.266/73 (modificado por la Ley 25.028), suprimiendo la exigencia del título universitario y transformando la inscripción en los registros profesionales en un acto estrictamente voluntario y sin fronteras geográficas.
Los ejes del proyecto y la visión oficial
Además de la desregulación en el acceso a la profesión, la iniciativa legislativa contempla profundas modificaciones en el funcionamiento diario del sector:
·Honorarios y aranceles: Se eliminan los topes mínimos o fijos en las comisiones, dejando la retribución librada al libre acuerdo entre las partes.
·Límites jurisdiccionales: Se suprimen las barreras territoriales, permitiendo operar en cualquier provincia sin regulaciones locales adicionales.
·Fin de las sanciones: Los colegios profesionales perderán la facultad de aplicar multas, clausuras o sanciones disciplinarias a quienes ejerzan la actividad de forma independiente.
Desde la perspectiva del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, el marco regulatorio vigente opera como un obstáculo a la competencia que encarece los servicios para el usuario final. Las autoridades argumentan que la obligatoriedad de la colegiación funciona como un "privilegio corporativo" y señalan modelos internacionales como los de Estados Unidos, España o Nueva Zelanda como ejemplos de que una mayor apertura de mercado redunda en menores costos. Asimismo, se confirmó que el Poder Ejecutivo planea enviar al Congreso su propio paquete de leyes complementarias durante el mes de junio.
La reacción del sector: alertas por desprotección jurídica
La respuesta de las federaciones de martilleros, cámaras y colegios de corredores de todo el país no se hizo esperar. Los profesionales matriculados sostienen que la matrícula no constituye un beneficio gremial, sino una garantía de trazabilidad y seguridad jurídica para los ciudadanos que comprometen sus ahorros en operaciones de gran envergadura.
Referentes de distintas jurisdicciones, como el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Misiones, alertaron sobre la pérdida de control territorial y el riesgo inminente de un incremento en las estafas, la informalidad y las malas prácticas comerciales. Desde el sector tradicional enfatizan que, bajo el nuevo paradigma, ante cualquier irregularidad o fraude, los damnificados ya no contarán con tribunales de ética institucional ni seguros de responsabilidad civil a los cuales apelar, quedando desamparados ante los tiempos de la justicia ordinaria.
El conflicto de competencia constitucional
Al margen de los posicionamientos económicos, el proyecto enfrenta un severo obstáculo legal que podría judicializar su aplicación. Históricamente, el control y la regulación del ejercicio de las profesiones es una facultad reservada por las provincias y no delegada a la Nación.
Debido a que los colegios inmobiliarios actuales fueron creados y operan bajo leyes dictadas por las legislaturas provinciales, una normativa de carácter nacional que intente neutralizar sus funciones corre el riesgo de ser impugnada ante los tribunales por los gobiernos locales, abriendo un complejo escenario de disputas federales.
