El gobierno lanzó la operación Corredor Humanitario para despejar las rutas que cercan a La Paz, pero las agrupaciones sindicales e indígenas reactivaron las protestas. El presidente Rodrigo Paz Pereira amenazó con cárcel a quienes busquen "destrozar la democracia".
La situación política y social en Bolivia sumó un nuevo capítulo de máxima tensión tras el inicio de un amplio operativo policial y militar denominado Corredor Humanitario. La medida, ordenada por el poder ejecutivo, busca desarticular los bloqueos de carreteras que mantienen desabastecida y cercada a la sede de gobierno en La Paz, lo que derivó en fuertes enfrentamientos con los manifestantes en las últimas horas.
Si bien las fuerzas de seguridad lograron liberar inicialmente algunos puntos estratégicos para permitir el ingreso de camiones con alimentos, combustible e insumos esenciales hacia La Paz y El Alto, los sectores movilizados retomaron los cortes con el correr de la jornada. De acuerdo con los reportes locales, se contabilizan al menos 22 bloqueos de rutas en todo el territorio nacional, concentrándose la gran mayoría de ellos en el departamento de La Paz, además de focos activos en Oruro y Santa Cruz.
Las protestas están encabezadas por una coalición que incluye a la Central Obrera Boliviana (COB), el movimiento indígena de Los Ponchos Rojos y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin). Desde principios de este mes, los gremios demandan aumentos salariales, medidas de estabilización ante la crisis económica, el freno a la privatización de empresas estatales y, de manera interna, ya se alzan pedidos de renuncia dirigidos al presidente Rodrigo Paz Pereira, quien asumió el mando hace seis meses.
El impacto del conflicto civil mantiene en alerta al sector privado. La Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) solicitó con urgencia una tregua humanitaria para asistir a más de 1.200 transportistas que se encuentran varados desde hace 12 días en las rutas que conectan la capital con Oruro y la frontera con Chile.
Por su parte, el oficialismo atribuye un trasfondo desestabilizador a las medidas de fuerza. El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que las demandas gremiales fueron atendidas dentro de las posibilidades reales y apuntó directamente contra los partidarios del expresidente Evo Morales, acusándolos de ser "fuerzas oscuras" que buscan quebrar el orden institucional.
En este complejo escenario de reclamos por la fuerte crisis económica que atraviesa el país, el presidente Rodrigo Paz Pereira lanzó una dura advertencia frente a los cuestionamientos por la demora en la resolución del conflicto y ratificó que aquellos sectores que atenten contra la continuidad democrática terminarán tras las rejas.
Declaración
Un bloque de ocho naciones firmó una declaración conjunta en apoyo al presidente Rodrigo Paz Pereira ante las protestas que paralizan al país. Rechazan cualquier intento de desestabilización institucional.
La profunda crisis política y social que atraviesa Bolivia sumó un fuerte capítulo de repercusión internacional. Los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su abierta preocupación por el desabastecimiento de alimentos y elementos esenciales que afecta a la población, producto de las semanas de bloqueos viales.
El posicionamiento regional se conoció luego de que el conflicto se agudizara tras una masiva movilización de mineros que paralizó los accesos a la capital y derivó en violentos choques directos contra las fuerzas de seguridad antidisturbios. Ante este escenario de paros y cortes de rutas promovidos por los sectores sindicales que reclaman mejoras salariales y rechazan la privatización de empresas del Estado, los países firmantes unificaron criterios para sentar una postura clara frente al conflicto.
En el documento, las naciones de la región expresaron un rechazo categórico a "toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático" y a cualquier intento de "alterar la institucionalidad" del gobierno boliviano. Asimismo, los mandatarios decidieron respaldar de manera explícita la continuidad en el cargo del presidente Rodrigo Paz Pereira, recordando que fue elegido por el voto popular en las elecciones generales desarrolladas durante el año 2025.
