Mientras en el Congreso de la Nación se desarrolla un extenso e intenso debate legislativo para reformar la Ley de Glaciares, las calles de Mendoza se convirtieron en el epicentro de un fuerte conflicto social. La movilización, que comenzó de manera masiva en el microcentro provincial, derivó en incidentes cuando las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes, resultando en detenciones y denuncias de violencia institucional.

Una movilización con raíces históricas

Bajo la consigna del cuidado del agua y la protección de los recursos naturales, una multitud se concentró en el Kilómetro 0 de la ciudad de Mendoza. El reclamo central apunta tanto a las políticas del Gobierno Nacional como a la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, a quienes los manifestantes acusan de impulsar una agenda extractivista que pone en riesgo las reservas hídricas de la cordillera.

La protesta no se limitó a la capital; localidades del sur mendocino, como San Rafael y General Alvear, también registraron concentraciones de vecinos que se sumaron al repudio contra los cambios en la ley. Para muchos de los asistentes, esta nueva avanzada evoca las históricas luchas populares en defensa de la Ley 7722, reafirmando que cualquier intento de apertura a la megaminería carece de licencia social en la región.

Tensión, choques y detenciones

El clima de protesta pacífica se quebró cuando efectivos policiales iniciaron un operativo para dispersar a los presentes. Según testigos y organizaciones sociales, la intervención estatal fue desproporcionada y culminó con el traslado de al menos ocho personas a dependencias policiales.

Desde los sectores que encabezan el reclamo, se denunció que el uso de la fuerza es una estrategia recurrente para desarticular el rechazo popular a los proyectos mineros, citando antecedentes de operativos similares en zonas como Uspallata. Hasta el momento, las autoridades provinciales mantienen un fuerte despliegue de seguridad para evitar nuevos focos de conflicto.

El debate de fondo

La tensión en las calles es el reflejo de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, donde se discute una modificación que los asambleístas califican como "regresiva" para el medio ambiente. Mientras los sectores productivos y gubernamentales defienden la reforma como una vía necesaria para la inversión y el desarrollo económico, las organizaciones ambientales y gran parte de la sociedad civil sostienen que la destrucción de los glaciares afectará de manera irreversible el suministro de agua en una provincia que atraviesa una crisis hídrica estructural.

La sesión legislativa, que se espera concluya durante la madrugada, marcará el rumbo de un conflicto que promete seguir escalando en las calles mendocinas.