La Ciudad de Buenos Aires fue escenario de una protesta conjunta sin precedentes este 2 de abril. Tras la finalización del acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas en Plaza San Martín, sectores vinculados a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario se movilizaron hacia la sede central de la Gendarmería Nacional. El reclamo persistió a pesar de que el Ejecutivo nacional intentó desactivarlo mediante el anuncio de bonos extraordinarios apenas 24 horas antes.
Contraste político y estrategia de seguridad
La manifestación se desarrolló a escasos mil metros de donde el presidente Javier Milei anunció que destinaría el 10% de los ingresos por privatizaciones al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Un dato político relevante fue la decisión oficial de no aplicar el protocolo antipiquetes, permitiendo que la concentración —anunciada con antelación— transcurriera de forma pacífica y simbólica.
Un bono interpretado como "insuficiente"
El Gobierno nacional oficializó, mediante el decreto 216/2026, un esquema de compensaciones que incluyó:
Suma fija: Un pago de $40.000 no remunerativo para todo el personal (incluyendo alumnos).
Adicional por jerarquía: Montos variables de entre $100.000 y $300.000 para los escalafones más bajos, excluyendo a las cúpulas superiores.
A pesar de que los fundamentos de la norma, firmada por Milei y su gabinete, sostuvieron que la medida buscaba proteger la capacidad adquisitiva de los agentes, los manifestantes la calificaron como un alivio transitorio. Para los organizadores, el suplemento no alcanzó a cubrir el desfasaje de fondo frente a una línea de pobreza que duplicaba los ingresos básicos del sector.
La crisis de subsistencia y el colapso médico
El malestar que se canalizó en grupos de mensajería interna durante semanas expuso una realidad crítica: sueldos que oscilaban entre los $700.000 y $900.000, obligando a muchos efectivos a recurrir a empleos informales o de reparto para sostener a sus familias.
"Estamos en una situación muy complicada para la manutención diaria", explicó un integrante de la Policía Federal durante la marcha, aclarando que, si bien el deterioro era de larga data, la situación actual se volvió insostenible.
A la problemática económica se sumó la crisis en el sistema de salud. Los manifestantes denunciaron el colapso de la obra social tras su segmentación, señalando que la atención médica no registró mejoras. En este contexto, las críticas apuntaron a la gestión de la ministra Alejandra Monteoliva, cuestionando que el eslogan oficial de protección al personal no se condecía con la realidad operativa y prestacional de las fuerzas.
