El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo, analiza una propuesta estructural para el sistema jubilatorio argentino. El proyecto, diseñado por el centro de estudios CIPPEC, busca dar sostenibilidad a un esquema que hoy es considerado "injusto e ineficiente", adaptándolo a la mayor expectativa de vida de la población.
El mecanismo de suba: un proceso de 60 años
La propuesta no plantea un cambio abrupto, sino un esquema de actualización extremadamente gradual. La idea central es aumentar la edad de retiro a razón de un mes por cada año calendario.
De aprobarse ahora, este mecanismo permitiría que el sistema se estabilice recién en el año 2086, momento en el cual la edad jubilatoria llegaría a los 65 años para las mujeres y 70 años para los hombres. Según los especialistas, esta gradualidad es clave para evitar impactos negativos inmediatos y permitir que la sociedad se adapte al nuevo ritmo biológico y laboral.
Ejes centrales para reducir el déficit
El objetivo fiscal es ambicioso: bajar el gasto previsional del actual 8,8% del PBI al 4,8%. Para alcanzar este número, la reforma se apoya en tres medidas de alto impacto:
·Eliminación de regímenes de excepción: Se busca limitar las cajas especiales (como las de docentes, magistrados o fuerzas de seguridad) que hoy representan más de la mitad del gasto total, a pesar de no cubrir a la mayoría de los beneficiarios.
·Fin de la duplicación de beneficios: El plan apunta a restringir el cobro simultáneo de una jubilación y una pensión por viudez, una situación que hoy alcanza a más de un millón de personas.
·Reforma de la jubilación por vejez: Se propone eliminar el requisito estricto de los 30 años de aportes. En su lugar, se crearía un componente universal (similar a la PUAM) y un componente contributivo que premie cada año trabajado, independientemente de si se alcanzó o no el mínimo anterior.
Impacto en los trabajadores activos
El análisis de CIPPEC divide a la población laboral en dos grandes grupos según cómo los afectaría la nueva norma. Por un lado, se encuentran los potenciales ganadores (80% de los activos), que incluiría a monotributistas, personas con menos de 30 años de aportes y aquellos que decidan postergar voluntariamente su retiro.
Por otro lado, se identifica un 20% de afectados negativos, compuesto principalmente por empleados públicos, docentes y mujeres que actualmente tienen entre 60 y 64 años.
No obstante, el proyecto aclara que en ningún caso se tocarán los derechos ya adquiridos de quienes ya forman parte del sistema pasivo.
El argumento de la "ventana de oportunidad"
Para el equipo de Caputo, existe actualmente un consenso social y político que permite avanzar con estos cambios. Se sostiene que el sistema actual es desigual: si el Estado pagara hoy una suma fija de $700.000 a todos los mayores de 65 años, gastaría un 30% menos de lo que destina actualmente a través de la compleja red de moratorias y regímenes especiales.
