A pesar de los intentos de estabilización, el bolsillo de los trabajadores argentinos sigue sin recuperar el terreno perdido. Un reciente análisis del economista Nadín Argañaraz pone de manifiesto que el poder adquisitivo en el país atraviesa una crisis sostenida que comenzó en 2023 y que, lejos de revertirse, ha encontrado nuevos obstáculos en el inicio de 2026.

El informe detalla que la gestión de Javier Milei cierra sus primeros dos años con un balance negativo en términos de ingresos reales. Aunque durante 2025 se observaron algunos periodos de alivio, el repunte inflacionario de enero de este año —que alcanzó el 2,9%— amenaza con profundizar la brecha. La pérdida más dramática se registra en el sector público nacional y provincial, donde la capacidad de compra se desplomó un 17,4% en el acumulado del bienio. Por su parte, los empleados del sector privado formal, aunque con un impacto menor, también presentan un saldo negativo del 1,6% en comparación con diciembre de 2023.

Curiosamente, el único segmento que parece haberle ganado la carrera a los precios es el empleo informal o no registrado. Sin embargo, Argañaraz advierte que estos datos deben tomarse con cautela debido a la dificultad para medir un sector que no tributa y que opera bajo lógicas de extrema irregularidad.

Esta degradación salarial ha transformado el comportamiento de la economía doméstica. El escenario actual se caracteriza por una marcada dualidad en el consumo: mientras la industria opera con una capacidad ociosa creciente, las familias argentinas han recurrido masivamente al endeudamiento. La tarjeta de crédito ya no es una opción de financiación opcional, sino el recurso principal para sostener el día a día, lo que ha disparado los índices de morosidad en los hogares. En definitiva, la leve mejora percibida a fines de 2025 no alcanzó para compensar el ajuste estructural de los últimos 24 meses.