La patronal de la ceramista ILVA desoyó la mediación del Ministerio de Trabajo bonaerense y formalizó la decisión de despedir a más de 300 empleados, confirmando un quiebre en las negociaciones. El gremio denunció que, además de dejar a 1200 seres humanos a la deriva, la empresa busca reducir a la mitad el costo de las indemnizaciones, a pesar de un historial de gran rentabilidad y exportaciones.

Carlos Varela, secretario general de los Ceramistas, expresó una profunda indignación por el trato dado a los empleados con décadas de antigüedad, quienes mantendrán el acampe que llevan hace 34 días. "Esta empresa se cansó de vender y exportar mercadería a varios países de América, EEUU, Europa, pero esa plata se ve que nunca entró", cuestionó Varela, apuntando directamente a los dueños, Franco Bocci y Francisco Zanón.

Rechazo a la Ayuda y Procedimiento de Crisis

En la audiencia virtual de este jueves, convocada por instrucción del gobernador Axel Kicillof, la empresa rechazó explícitamente el Plan PREBA, una ayuda económica ofrecida por el gobierno provincial para preservar los puestos de trabajo. En su lugar, adelantaron que recurrirán al artículo 247 de la LCT para justificar los despidos sin causa con el 50% de la indemnización.

Varela detalló que ILVA no solo adeuda las indemnizaciones completas, sino también varias quincenas, y que la situación deriva en un Procedimiento Preventivo de Crisis. Ante esto, el sindicato y los abogados de la CGT y FOCRA exigirán toda la documentación contable para verificar la real existencia de una "crisis", sospechando que los dueños buscan descapitalizar la empresa.

El mayor temor de los trabajadores es la futura reapertura. Los apoderados de ILVA indicaron que planean volver a operar con apenas 20 o 30 personas, pero sin detallar de dónde saldrán esos empleados. Varela advirtió que el plan final de la empresa parece ser eliminar los derechos adquiridos: "La pretensión de ellos es que no haya más sindicato, no más convenio colectivo, no más comedor, no más transporte".