El Gobierno de Mendoza ha dado un paso decisivo para atajar la creciente crisis de la violencia escolar. La provincia presentó un proyecto de ley ante la Legislatura que busca modificar el Código de Contravenciones, introduciendo sanciones económicas severas y la obligatoriedad de trabajo comunitario para los adultos responsables de menores que cometan actos de acoso o maltrato en los colegios (Bullying).
Corresponsabilidad parental bajo la lupa
Impulsada por la gestión del gobernador Alfredo Cornejo (UCR), la iniciativa apunta directamente a la corresponsabilidad familiar. Se busca obligar a los padres, madres o tutores a implicarse activamente en la corrección de las conductas violentas de sus hijos.
Las penalizaciones propuestas son contundentes:
·Multas Económicas: Hasta $2.100.000 (pesos argentinos) para los adultos que ignoren o no acompañen el proceso de corrección de la conducta de sus hijos.
·Trabajo Comunitario: Un máximo de 50 días de servicio a la comunidad como alternativa o complemento a la sanción pecuniaria.
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, defendió la medida en la presentación del proyecto: "El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Necesitamos familias presentes y corresponsables."
Un protocolo integral en respuesta a la crisis
Esta reforma legislativa llega en un momento de alta sensibilidad social y judicial. La provincia ha registrado graves incidentes, destacándose el caso de la escuela Marcelino Blanco en La Paz, donde una alumna de 14 años ingresó armada y efectuó disparos al aire, atrincherándose en el establecimiento. Episodios como este, sumados a la reciente condena judicial contra la Dirección General de Escuelas (DGE) por $4.500.000 a favor de una víctima de bullying en Godoy Cruz, subrayan la urgencia de la intervención.
En paralelo a las sanciones, el Gobierno presentó un nuevo Protocolo de Actuación para las instituciones educativas, estructurando el abordaje en tres fases: prevención, intervención inmediata y posvención.
Ejes clave del protocolo:
1.Detección Precoz: Establecer mecanismos para identificar rápidamente los casos de acoso.
2.Ruta de Intervención: Detallar el procedimiento que directivos, docentes y equipos técnicos deben seguir ante una sospecha o denuncia.
3.Articulación Externa: Criterios claros para la derivación a organismos de protección de derechos de la infancia o la Justicia, según la gravedad del hecho.
4.Mediación Obligatoria: Los padres sancionados o involucrados deberán asistir a instancias de mediación y talleres de parentalidad. Estos espacios están diseñados para promover la reflexión y modificar patrones de agresión, buscando evitar la reincidencia del menor.
La propuesta busca construir una cultura escolar de convivencia pacífica, priorizando la protección de las víctimas a través de una acción rápida y efectiva, mientras se trabaja con los agresores desde una óptica de reparación y aprendizaje, evitando su estigmatización. La esencia del proyecto es clara: la solución a la violencia escolar pasa por la intervención obligatoria y punitiva de la familia.
