La política de apertura comercial implementada por el gobierno de Javier Milei ha encendido las alarmas en el mercado laboral argentino. Un reciente informe de la fundación Fundar proyecta la posible pérdida de al menos 431.452 empleos a causa del incremento de productos importados que están desplazando a la producción nacional.

Esta cifra, que equivale al 1,9% del empleo total del país y al 2,3% del empleo privado, es una consecuencia directa de la eliminación de licencias de importación y la reducción de barreras arancelarias. Según el estudio, la velocidad de esta potencial destrucción de puestos de trabajo podría ser comparable a la experimentada durante la pandemia de COVID-19.

El informe, titulado “Abrir sin paracaídas. La desregulación comercial y su impacto en el empleo”, detalla que el 65% de los empleos en riesgo (282.094 puestos) se concentran en la industria manufacturera, seguida por el sector del comercio (62.335). Entre los rubros más vulnerables, se destacan el textil-indumentaria, calzado, madera y productos de metal. De manera crítica, el sector electro-electrónico podría ver destruidos hasta 9 de cada 10 empleos actuales.

Geográficamente, el 74% del riesgo se concentra en cuatro jurisdicciones: Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe. Sin embargo, en proporción a su empleo privado, Tierra del Fuego podría ser la provincia más afectada, con una posible pérdida del 5,5% de sus puestos de trabajo.

El estudio también traza un perfil de los trabajadores más expuestos a esta situación: se trata mayoritariamente de empleados registrados, de entre 25 y 44 años. En términos de género, los varones (72% del empleo en riesgo) correrían un mayor peligro que las mujeres (28%).

Otra de las conclusiones a las que arriba el trabajo de Fundar es el impacto negativo de un tipo de cambio atrasado, un factor que reduce aún más la competitividad de la producción nacional y agrava la situación. El estudio simula que, si el tipo de cambio se hubiera mantenido en los niveles de 2023, la pérdida de empleos sería de 355.158 puestos, es decir, 76.294 empleos menos, incluso con las mismas políticas de apertura.

En síntesis, Fundar traza un panorama desolador para la industria y el empleo nacional si se mantienen las actuales políticas de apertura comercial y el tipo de cambio rezagado. La advertencia es clara: la desregulación sin un paracaídas podría tener consecuencias severas en el tejido productivo y social del país.