El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunció este miércoles que se presentó como “amicus curiae” ante la Cámara Federal de Apelaciones en la causa que se sigue por las detenciones que se realizaron por las protestas contra la sanción de la Ley Bases y los incidentes que se produjeron el 12 de junio pasado en inmediaciones de Plaza Congreso.
El organismo defensor de los derechos humanos reclamó además la liberación de las cinco personas que permanecen detenidas y procesadas en esa investigación por decisión de la jueza federal María Servini.
En ese sentido, el CELS consideró que “los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno” del presidente Javier Milei, que intenta “limitar el ejercicio del derecho a la protesta”.
La figura de “amicus curiae” le permite a una persona o institución acceder a la facultad de formular de forma voluntaria presentaciones en una investigación o litigio con el propósito de colaborar con el un tribunal en la resolución de un proceso.
“El 12 de junio pasado 33 personas fueron detenidas durante la manifestación contra la Ley Bases en las inmediaciones del Congreso. La jueza federal Servini dictó la falta de mérito para 28, que se encuentran en libertad, mientras que otras cinco fueron procesadas, con prisión preventiva y todavía continúan detenidas en cárceles federales”, señaló el CELS a través de un comunicado.
“El intento de avanzar en el proceso penal, acusar a estas personas de delitos gravísimos y privarlos de su libertad constituye un caso testigo de criminalización a los que los organismos del sistema interamericano de derechos humanos refieren en sus más recientes informes y jurisprudencia”.
En función de esa resolución, la entidad se presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones, como amicus curiae, con el propósito de pedir que se revoquen estos procesamientos y se ordene la liberación de los detenidos.
“Los procesos penales contra Cristian Valiente, Patricia Calarco Arredondo, Facundo Gómez, David Sica y Roberto María de la Cruz Gómez comenzaron con una serie de acusaciones exageradas por parte del fiscal federal Carlos Stornelli, con pocas pruebas y sin una descripción detallada y precisa de hechos concretos”, observaron desde el organismo.
Además, se indicó en un documento de prensa que el fiscal “sumó agravantes que podrían implicar para las personas detenidas condenas de hasta 30 años de prisión”.
“El intento de avanzar en el proceso penal, acusar a estas personas de delitos gravísimos y privarlos de su libertad constituye un caso testigo de criminalización a los que los organismos del sistema interamericano de derechos humanos refieren en sus más recientes informes y jurisprudencia”, sostuvieron.
Stornelli había solicitado la prisión preventiva para las 33 personas detenidas, “sin presentar pruebas ni fundamentos sólidos que sostuvieran su idea de que estaban en condiciones de fugarse o entorpecer la investigación”.
En base a un mensaje publicado en la cuenta de la red social X, “Oficina del Presidente”, que difunde contenido oficioso del Gobierno nacional, el funcionario judicial solicitó en un primer momento cargos de “terrorismo” para los imputados.
Pero “lo único que presentó (Stornelli) para sustentar sus pedidos fueron tres links de sitios de internet, uno con declaraciones públicas del Poder Ejecutivo difundidas en redes sociales y los otros dos con notas periodísticas”, señaló el CELS.
Por su parte, Servini decidió procesar y mantener en prisión preventiva sólo a cinco personas, pero para el organismo, la resolución de la magistrada “tiene dos problemas centrales”.
“Por un lado, está basada principalmente en el testimonio de policías” que realizaron las detenciones, lo que constituye una prueba discutible. Además, la magistrada ofrece un encuadre jurídico forzado, acusando a los imputados de delitos menores correspondientes al fuero de la Ciudad y, al mismo tiempo, del delito federal de intimidación pública”, fundamentaron.
Para el CELS, “esta última figura no es aplicable a ninguno de los casos y deja en evidencia la decisión de construir de manera arbitraria los riesgos procesales para poder sostener las prisiones preventivas”.
“Por todo esto, consideramos imprescindible que la Cámara analice y revise con seriedad los procesamientos. De continuar, convalidarían un proceso de criminalización que afecta a las personas detenidas y ejerce un efecto de intimidación para quienes quieren ejercer su derecho a la protesta”, subrayaron.
