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El escenario político cordobés experimentó un fuerte sacudón este lunes con un doble beneficio para la estrategia de permanencia de Martín Llaryora. Por un lado, el Gobierno nacional autorizó una millonaria asistencia de fondos para aliviar las cuentas provinciales y, por el otro, el armado oficialista de La Libertad Avanza (LLA) no se inscribió para las elecciones de Marcos Juárez, frustrando la posibilidad de que la oposición local ensayara un frente unificado de perfil libertario.

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El anuncio es una de las principales banderas que agita la gestión de Javier Milei: la reducción o eliminación de 24 gravámenes a lo largo de su mandato y una transferencia estimada en 100.000 millones de dólares hacia el sector privado. Sin embargo, detrás del impacto de la cifra oficial, el debate de fondo gira en torno a la distribución de ese alivio. Al desmenuzar las medidas, economistas y analistas advierten que la baja de la presión impositiva no ha impactado de manera homogénea en la pirámide social, profundizando las asimetrías de un esquema históricamente regresivo.

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La partida del secretario de Justicia de la Nación, Santiago Viola, con destino a los Estados Unidos para presenciar los compromisos de la Selección argentina generó repercusiones internas dentro del oficialismo. El funcionario, que presenció el encuentro del último sábado en Kansas City, decidió prolongar su permanencia en el país del norte para asistir al siguiente partido del combinado de Lionel Scaloni.

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La mesa chica de la Casa Rosada ha unificado su discurso en torno a un objetivo central: asegurar la continuidad de Javier Milei para un segundo mandato. Tras la salida de Manuel Adorni del esquema gubernamental, la conducción de La Libertad Avanza comenzó a estructurar la etapa previa al escenario electoral, combinando una fuerte defensa de la gestión económica con una nueva dinámica de negociación política.

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La iniciativa del Poder Ejecutivo para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) trasciende la mera estrategia política de restarle herramientas de cohesión a la oposición. Fuentes parlamentarias aseguran que la medida constituye una pieza clave de defensa financiera: en el Gobierno temen que un eventual triunfo opositor en las primarias desate una crisis de confianza similar a la que sufrió la gestión de Mauricio Macri tras los comicios de agosto de 2019.

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