La quita de subsidios nacionales destinados a las empresas de autotransporte interjurisdiccional generó una firme reacción en el Congreso de la Nación. El diputado Sebastián Nóblega, integrante de la bancada Elijo Catamarca, formalizó un pedido de informe dirigido al Poder Ejecutivo con el objetivo de esclarecer las consecuencias reales de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, la cual derogó los reembolsos económicos que percibían las compañías viales por emitir boletos gratuitos a personas con discapacidad.
La iniciativa parlamentaria requiere que la Secretaría de Transporte —bajo la órbita del Ministerio de Economía— y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) presenten un desglose pormenorizado sobre los criterios técnicos, los fundamentos legales y las metodologías de implementación de esta medida, así como el impacto social esperado tras el cese de las transferencias financieras ligadas a los beneficios dispuestos por las Leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
Protección a sectores vulnerables y el rol del Estado
El legislador catamarqueño argumentó que la supresión de estas partidas presupuestarias coloca en una situación de extrema vulnerabilidad a franjas de la población que gozan de un amparo jurídico preferencial. En este sentido, Nóblega enfatizó que los pacientes trasplantados, las personas inscriptas en listas de espera de órganos, las personas con discapacidad y los menores de edad que atraviesan tratamientos oncológicos no deben quedar desprotegidos o atrapados en medio de tensiones financieras entre el sector corporativo y el Estado nacional.
Asimismo, el diputado remarcó que, si la administración central opta por cancelar los reintegros económicos a las transportistas, tiene la obligación institucional de acreditar la vigencia de mecanismos alternativos que resulten verdaderamente eficientes. Esto es indispensable para salvaguardar la gratuidad de los traslados de manera inmediata, continua y libre de cualquier sesgo discriminatorio en las terminales del país.
El transporte de larga distancia como derecho social
Finalmente, el proyecto legislativo subraya la función social estratégica e insustituible que desempeñan los servicios de media y larga distancia en la conectividad del territorio argentino. La presentación judicial y administrativa recuerda que las normativas de gratuidad vigentes no fueron diseñadas como un subsidio o una prebenda a la actividad comercial de las empresas turísticas o de transporte, sino que constituyen una política pública de inclusión consagrada para equiparar oportunidades y remover los obstáculos de accesibilidad que enfrenta la ciudadanía.
