El frente judicial sumó una nueva presentación que sacude la interna del espacio gobernante. La diputada Marcela Pagano radicó una denuncia penal contra su par Santiago Santurio, integrante del bloque de La Libertad Avanza, por presuntas irregularidades en la obtención de un préstamo hipotecario otorgado por la banca pública. La presentación judicial cuestiona el vertiginoso cambio en el perfil patrimonial del legislador y el supuesto otorgamiento preferencial de fondos sin cumplir con las normativas bancarias habituales.
Del transporte por aplicación a la adquisición en un barrio cerrado
De acuerdo con el escrito judicial, la situación financiera de Santurio experimentó una modificación sustancial tras el recambio institucional de diciembre de 2023.
La denuncia detalla que, hasta asumir su banca legislativa, el dirigente oriundo del partido bonaerense de San Miguel se desempeñaba como docente y complementaba sus ingresos formales trabajando como chofer a través de la plataforma de movilidad Uber para el sostenimiento de su grupo familiar.
Sin embargo, la presentación ante los tribunales resalta que, en menos de dos años de gestión, el diputado pasó de registrar un perfil de clase media trabajadora y alquilar su vivienda a transformarse en propietario de un inmueble valuado en aproximadamente 300 mil dólares. La propiedad en cuestión está emplazada en un barrio cerrado de la localidad de Villa Ballester y cuenta con comodidades de gran envergadura, que incluyen un quincho apto para eventos sociales.
Inconsistencias en las cuotas y los avales bancarios
El núcleo del cuestionamiento penal radica en las condiciones en las que el Banco Nación, entidad bajo la órbita del Ministerio de Economía, aprobó el desembolso de 239 mil dólares a favor del parlamentario. La auditoría reflejada en la denuncia indica que el otorgamiento de este beneficio generó que el pasivo bancario del legislador se disparara exponencialmente en el transcurso de julio de 2025, pasando de una deuda registrada de 6,7 millones de pesos a un saldo superior a los 303 millones de pesos en apenas treinta días.
Entre las principales irregularidades señaladas por la denunciante se destacan los siguientes puntos:
·Límites de afectación de ingresos: El pago mensual comprometido para cancelar el crédito hipotecario representaría cerca del 48% de la facturación neta de los convivientes. Este indicador duplica el tope reglamentario del 25% que la propia entidad financiera pública exige de manera estricta al resto de los solicitantes particulares.
·Capacidad de ahorro y anticipos: La presentación sostiene que el beneficiario carecía del capital propio necesario para cubrir el porcentaje de anticipo requerido habitualmente para este tipo de operaciones inmobiliarias de alto valor.
·Inexistencia de ingresos complementarios: Se constató que la cónyuge de Santurio no exterioriza ingresos formales ante los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La denuncia de la exintegrante del bloque oficialista vincula este episodio con una supuesta metodología de asignación de créditos millonarios con carácter de privilegio a diversas figuras leales al Poder Ejecutivo. En esa línea, el documento judicial menciona casos de otros funcionarios de las carteras económicas, miembros del área de comunicación de la Presidencia y legisladores nacionales que habrían accedido a financiamientos especiales por montos superiores a los 800 millones de pesos a través de las líneas de la banca del Estado.
