El debate en torno a la situación patrimonial del jefe de Gabinete sumó un nuevo componente técnico-legal en los pasillos oficiales.
En sectores del Poder Ejecutivo comenzó a barajarse la posibilidad de que el funcionario intente ampararse en el reciente régimen de Inocencia Fiscal para contener el avance de las investigaciones penales. Mientras en el entorno directo del ministro coordinador descartan esta alternativa afirmando que poseen los comprobantes de respaldo pertinentes, analistas tributarios advierten sobre las complejidades y contradicciones éticas que implicaría dicha maniobra para un funcionario público.
Los alcances de la nueva normativa y la polémica de los funcionarios
La ley en cuestión, sancionada por el Congreso nacional en febrero pasado, reconfiguró los parámetros de la fiscalización al elevar considerablemente los umbrales económicos para tipificar la evasión tributaria simple e impulsando la exteriorización de divisas. La principal controversia de la normativa radica en que, durante su debate en las comisiones parlamentarias, el oficialismo evitó incluir una cláusula de exclusión expresa para las personas políticamente expuestas, abriendo la interpretación de que las máximas autoridades del Estado estarían facultadas para adherirse a los beneficios de este sistema simplificado.
A pesar de esta ventana legal, la implementación de un blindaje o "tapón" impositivo requeriría la presentación de declaraciones juradas rigurosamente bancarizadas y la acreditación de que las erogaciones particulares no excedieron el quince por ciento de las remuneraciones declaradas. Este requisito representa un escollo severo para el vocero presidencial, quien por su rol institucional debió cumplimentar presentaciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y un organismo de control porteño tras su postulación legislativa en 2025, cubriendo precisamente los períodos temporales que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la justicia federal se encuentran auditando de forma exhaustiva.
Inconsistencias en efectivo y la acumulación de pasivos privados
La mira del fiscal federal Gerardo Pollicita se concentra en reconstruir el origen de los flujos monetarios que la estructura familiar del funcionario movilizó de manera reciente. Las auditorías preliminares detectaron un flujo superior a los 104 mil dólares en efectivo que carecería de la documentación comercial obligatoria para justificar su procedencia. Esta inconsistencia contrasta con las últimas declaraciones juradas del período 2024, donde el funcionario solo había exteriorizado activos por 42.500 dólares en mano y un depósito bancario menor en el exterior.
El mapa de las deudas: Los requerimientos informáticos y las testimoniales tomadas a vendedores y escribanos del sector inmobiliario terminaron por delimitar un elevado nivel de endeudamiento en moneda extranjera que compromete las finanzas del jefe de Gabinete. Las obligaciones financieras consolidadas ascienden a un estimado de 335 mil dólares, divididas en tres frentes principales:
·Una hipoteca privada de 100 mil dólares tomada con particulares para saldar la compra de la vivienda en el club de campo Indio Cua.
·Un pasivo remanente de 200 mil dólares con ahorristas que actuaron como garantes para la adquisición de un departamento sobre la calle Miró.
·Un saldo pendiente de 65 mil dólares en efectivo adeudado al vendedor de este último inmueble porteño en concepto de remodelaciones de infraestructura.
Para los investigadores judiciales, el nudo de la causa penal radica en constatar cómo un perfil patrimonial con ingresos regulados por la administración pública aspira a cancelar de forma simultánea semejante volumen de compromisos financieros en el corto plazo, especialmente considerando las tasas de interés pactadas y la realización paralela de costosos viajes al exterior y refacciones edilicias no facturadas.
