El panorama en los tribunales federales de Comodoro Py se presenta cada vez más complejo para Manuel Adorni. El juez federal Ariel Lijo, en coordinación con el fiscal Gerardo Pollicita, analiza citar al funcionario nacional a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, programada para la segunda quincena de julio. En el ámbito judicial, la convocatoria a este tipo de interrogatorio suele considerarse la antesala de un procesamiento, lo que marca un punto de inflexión en la investigación sobre los movimientos financieros del jefe de ministros.
Los vínculos comerciales con un productor de los medios públicos
El eje central que precipitaría la citación radica en la estrecha relación entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio, cuya empresa, Imhouse SA, experimentó un marcado desembarco en la grilla de la TV Pública y Radio Nacional tras la asunción de la gestión de La Libertad Avanza. La justicia sospecha de la existencia de negociaciones incompatibles con la función pública o la recepción de dádivas a partir de diversos favores cruzados y transferencias previas al ingreso del funcionario a la administración del Estado.
Entre los principales elementos bajo la lupa se encuentra un viaje familiar que el jefe de Gabinete realizó a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval en una aeronave privada. A pesar de que el vocero aseguró haber costeado los pasajes con fondos propios, las declaraciones de los intermediarios del sector aeronáutico ante la justicia y las facturas secuestradas contradicen esa versión. De acuerdo con las pruebas recolectadas, el vuelo de ida fue facturado directamente a la productora Imhouse por la firma Alpha Centauri, mientras que el trayecto de regreso fue saldado a través de un broker por cuenta de Grandio mediante un pago de tres mil dólares emitido semanas después, coincidiendo temporalmente con las primeras revelaciones periodísticas del caso.
Como medida decisiva para corroborar estas inconsistencias, el juzgado encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado un entrecruzamiento de llamadas telefónicas y registros de geolocalización entre los dispositivos de Adorni, Grandio y sus socios comerciales. El objetivo técnico es contrastar las comunicaciones informáticas y telefónicas con las fechas de adjudicación de al menos seis convenios de coproducción en la señal estatal, que incluyen ciclos radiales y formatos de streaming financiados mediante pautas publicitarias compartidas.
Inconsistencias patrimoniales y el uso de recursos públicos
De forma paralela, la causa penal acumula sospechas en torno a la justificación del nivel de vida del funcionario y la adquisición de activos. Los investigadores centran su atención en la compra y posterior remodelación de una vivienda de fin de semana situada en el club de campo Indio Cua, en la localidad de
Exaltación de la Cruz. La propiedad fue escriturada a finales del año pasado por un valor formal de 120 mil dólares; sin embargo, las auditorías detectaron que las refacciones integrales posteriores, los cánones de ingreso al predio y la compra de amoblamientos a medida habrían demandado un desembolso adicional superior a los 245 mil dólares, presuntamente abonado por fuera de los circuitos fiscales tradicionales.
Para los peritos económicos del caso, el volumen total de la operación resulta desproporcionado respecto al valor de mercado del loteo y difícil de compatibilizar con las declaraciones juradas y los ingresos formales del jefe de Gabinete, abriendo la posibilidad de que la imputación inicial por presunto enriquecimiento ilícito derive en una tipificación por lavado de activos.
A este complejo escenario se le añade una última línea de investigación originada por denuncias sobre la supuesta asignación de efectivos de la Gendarmería Nacional para la custodia exclusiva del perímetro perimetral de la residencia particular de Adorni en el barrio cerrado, luego de una protesta vecinal. La confirmación del desvío de personal de las fuerzas federales para fines particulares podría encuadrar las conductas bajo la figura penal de peculado, un delito que prevé penas severas de prisión para los agentes estatales que utilicen recursos públicos en beneficio propio.
