La justicia laboral dictó una resolución de alto impacto político y sindical al declarar la invalidez de los últimos procesos electorales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La medida, adoptada por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, no solo deja sin efecto la reelección de Abel Furlán al frente del gremio a nivel nacional, sino que remueve a toda la conducción actual y ordena desplazar a las autoridades por un período de 180 días.

El dictamen judicial, que lleva las firmas de los magistrados Víctor Pesino y María Dora González, hace lugar a las denuncias por irregularidades presentadas por la minoría opositora (Lista Naranja) de la filial Campana. Al caer el escrutinio de dicha seccional bonaerense, los jueces consideraron que el posterior plenario nacional quedó automáticamente viciado, dado que de la votación local surgieron los delegados clave para la consagración de la conducción central.

Para normalizar la situación institucional, el tribunal designó como administrador judicial al Dr. Alberto Biglieri, quien asumirá las funciones de gestión y auditoría con la tarea primordial de convocar a nuevos comicios en ambos estamentos.
Los argumentos detrás del fallo

El tribunal fundó su decisión en severos cuestionamientos al desarrollo del acto eleccionario de principios de marzo. Entre los puntos más críticos, el juez Pesino calificó de inadmisible que las autoridades electorales del gremio obligaran a los fiscales de la oposición a pernoctar en las instalaciones del oficialismo para custodiar las urnas.

Asimismo, se objetó que los comicios se extendieran durante tres jornadas consecutivas sin realizar los correspondientes recuentos provisorios diarios, una modalidad que la normativa vigente solo reserva para esquemas laborales de extrema excepcionalidad.

A esto se sumó un factor de desobediencia institucional: la conducción de la UOM había avanzado con la elección nacional del 18 de marzo a pesar de que pesaba sobre el gremio una restricción cautelar dictada apenas 24 horas antes, la cual ordenaba frenar el proceso hasta revisar las impugnaciones de base. Debido a que los mandatos de la gestión previa caducaron formalmente el 22 de marzo, la Cámara determinó que el sindicato se encuentra en un estado de acefalía que justifica el despliegue del auxilio judicial.
Tensiones políticas y trasfondo de la disputa

La resolución judicial se produce en medio de suspicacias cruzadas. Desde el ámbito del derecho laboral se plantearon dudas sobre la imparcialidad del juez Pesino, cuyo pliego para continuar en funciones más allá del límite de edad reglamentario fue impulsado por el Poder Ejecutivo. El magistrado ya había estado en el centro de la escena tras revocar una medida cautelar clave vinculada a la reforma laboral del oficialismo.

Por el lado de la conducción desplazada, se interpreta la medida como una embestida con tintes políticos y corporativos. En las urnas, la corriente de Furlán —que lidera la región Zárate-Campana desde hace casi dos décadas— se había impuesto de manera contundente con cerca del 90% de los sufragios a nivel local frente a la lista de Ángel Derosso, a quien el oficialismo sindical vincula con los intereses del holding Techint. Una hegemonía que se repitió a nivel nacional al cosechar el 80% de las voluntades de los congresales.

El escenario de confrontación venía escalando desde antes de la votación, cuando un procedimiento ordenado por el juez Julián Ercolini irrumpió en la sede central del sindicato en el marco de una investigación penal por presunta defraudación. En aquella oportunidad, Furlán se puso a derecho y denunció que las acusaciones formaban parte de una maniobra judicial motorizada por la oposición para boicotear el recambio de autoridades que ahora, por orden de la Cámara, ha quedado formalmente suspendido.