El frente judicial de la Casa Rosada sumó una nueva derivación tras la apertura de una investigación preliminar centrada en el manejo de los fondos de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. Los tribunales federales comenzaron a examinar los expedientes de una compulsa pública de alrededor de $700 millones destinada a los servicios de parquización y sistemas de irrigación de la Casa de Gobierno y la Residencia Presidencial de Olivos.
El trámite en los tribunales se inició a partir de una denuncia penal radicada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien objetó la transparencia y la legalidad del concurso. Pagano, quien actualmente lidera el bloque parlamentario “Coherencia” luego de su alejamiento de la bancada oficialista de La Libertad Avanza, viene impulsando diversas presentaciones contra figuras del Ejecutivo nacional, entre las que destacan las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su hermano Francisco.
Las figuras penales y el cuestionamiento a los oferentes
La presentación judicial apunta contra la titular de la Secretaría General y los agentes públicos que intervinieron en la confección del pliego, bajo la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El núcleo de la presentación de la legisladora se focaliza en las firmas que compitieron por la adjudicación del "mantenimiento correctivo, preventivo y riego de áreas verdes". Según los datos aportados al expediente, las dos únicas oferentes del proceso fueron las compañías Grub SA y La Mantovana de Servicios Generales SA. Para la denunciante, esta puja comercial constituyó una maniobra coordinada, dado que ambas firmas forman parte del mismo conglomerado corporativo: el Grupo Buena Vista SA.
La hipótesis de la denuncia sostiene que se instrumentó una simulación administrativa para fingir una rivalidad comercial inexistente, condicionando de esta manera el precio final que debió saldar el Estado. Como elemento de prueba, el escrito rescata un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fechado en septiembre de 2024, donde ya se había dejado constancia del control societario unificado sobre ambas prestatarias, si bien en aquel período las actuaciones administrativas locales se archivaron sin la aplicación de sanciones formales.
Criterio fiscal y requerimiento de pruebas
La parte denunciante remarcó que las dependencias de control de la Presidencia tenían la responsabilidad legal de fiscalizar la autonomía financiera y jurídica de los participantes para resguardar la libre concurrencia en las compras estatales.
Frente a los elementos expuestos, el fiscal a cargo, Carlos González, adoptó una postura de prudencia procesal y dispuso como medida inicial la recolección exhaustiva de todo el soporte documental de la licitación. La fiscalía consideró indispensable evaluar minuciosamente el recorrido íntegro del trámite y constatar el estado actual de ejecución del contrato antes de resolver si corresponde dictaminar la apertura formal de una causa penal que involucre de manera directa a la funcionaria nacional. En las próximas semanas, tras el análisis técnico de los pliegos y las planillas de adjudicación, el Ministerio Público Fiscal definirá si existen causales típicas para impulsar el proceso.
