La tensión en la cúpula del poder político nacional sumó un capítulo de alta hostilidad tras una serie de pronunciamientos públicos emitidos por la vicepresidenta Victoria Villarruel. A través de sus plataformas digitales, la titular del Senado lanzó cuestionamientos de grueso calibre contra figuras clave del andamiaje gubernamental de Javier Milei, concentrando sus críticas en la gestión del exministro de Defensa, Luis Petri, y objetando severamente las reformas en seguridad impulsadas por Patricia Bullrich.
La reacción de la presidenta de la Cámara Alta se originó a partir de informes que daban cuenta de reducciones presupuestarias en el área castrense. Villarruel aprovechó el escenario para responsabilizar de forma directa al dirigente mendocino por la situación de las fuerzas operativas, argumentando que es inviable sostener la soberanía territorial si los escuadrones no logran garantizar sus capacidades operacionales mínimas. En sus declaraciones, acusó a Petri de haber continuado con la inercia de desinversión que atribuye a las administraciones kirchneristas.
Cruces digitales y cuestionamientos a la obra social militar
La controversia escaló en las redes sociales cuando los usuarios rememoraron las instancias de debate de la campaña electoral de 2023, ocasión en la que el referente cuyano integró la fórmula presidencial junto a Bullrich. Lejos de atenuar la confrontación, la vicepresidenta calificó la performance de su actual socio político en aquel debate tildándolo de "playmobil", expresión que cobró inmediata notoriedad en el ecosistema digital.
Más allá de los epítetos, las objeciones de Villarruel incluyeron datos sobre la administración del Ministerio de Defensa:
·Previsión social: Denunció una parálisis prácticamente total en las prestaciones de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), afectando la cobertura del personal activo, retirado y sus núcleos familiares.
·Política de ingresos: Responsabilizó a la gestión saliente por el atraso y la depreciación del salario real de los uniformados.
·Litigio mediático: Minimizó las quejas de Petri referidas a supuestas restricciones de expresión institucional impuestas por vías legales, calificando su desempeño ministerial como irregular.
Rechazo al esquema de seguridad de Patricia Bullrich
El posicionamiento crítico de la titular del Senado no se limitó a las fronteras de las Fuerzas Armadas, sino que se extendió al área de seguridad interior. Villarruel descalificó el diseño del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una estructura que fuera presentada formalmente el año pasado por la ministra Patricia Bullrich y el presidente Milei como el eje de la modernización de la Policía Federal Argentina.
La vicepresidenta catalogó dicha iniciativa como deficiente y contrapuso los anuncios oficiales con la realidad material de la institución, alertando sobre la precariedad salarial de los agentes y las fallas de infraestructura que presenta el Complejo Médico Churruca Visca. El DFI había sido proyectado bajo la inspiración de agencias federales extranjeras como el FBI, buscando reconvertir a la fuerza en una unidad de élite dedicada a delitos complejos, trata de personas y crimen organizado; sin embargo, desde la perspectiva de Villarruel, las sucesivas políticas estatales han debilitado estructuralmente la operatividad de la fuerza de seguridad.
Esta seguidilla de desencuentros pone de manifiesto una disputa de poder que arrastra raíces históricas desde la conformación de la alianza de gobierno. Al inicio de la gestión, la vicepresidenta aspiraba a ejercer el control político y técnico de las carteras de Defensa y Seguridad, áreas centrales de su plataforma programática. La decisión presidencial de delegar dichos ministerios en el sector del PRO liderado por Bullrich sembró una semilla de discordia que, lejos de diluirse con el ejercicio del poder, continúa manifestándose en cruces públicos que exponen las líneas de fractura interna de La Libertad Avanza.
