Un informe técnico presentado ante la Justicia por el Ministerio de Salud de la Nación reveló un complejo entramado de irregularidades en los pagos efectuados a contratistas de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La auditoría oficial, que examinó un total de 505 carpetas administrativas por un movimiento de fondos global superior a los $18.300 millones, denunció la existencia de "desvíos críticos" y sobrefacturaciones que, en apenas dos operaciones puntuales, alcanzaron los $652 millones, una cifra equivalente al valor de 1.900 pensiones no contributivas vigentes.

Las anomalías detectadas golpean directamente la gestión de antiguos funcionarios del organismo, como Diego Spagnuolo, exdirector de la entidad que se encuentra procesado bajo los cargos de asociación ilícita, cohecho y fraude a la administración pública. De acuerdo con la denuncia de la cartera que encabeza Mario Lugones, los sobreprecios aplicados en insumos médicos de alta complejidad —como válvulas pulmonares, prótesis y sillas de ruedas— registraron picos de aumento de hasta un 4.239% en comparación con los valores de mercado de otros organismos estatales.

Las empresas bajo la lupa y los valores distorsionados

El reporte judicializado identifica a seis firmas proveedoras involucradas en las maniobras: Expo Trauma, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., Artrobone Ortopedia S.A., Ortopedia Bernat S.R.L. y Farma Salud S.R.L. Esta última compañía concentra la mayor participación en el esquema, habiendo presentado facturaciones por más de $11.000 millones. Al realizar un entrecruzamiento de datos en la plataforma oficial Compr.Ar, se constató que Farma Salud S.R.L. ni siquiera cuenta con la inscripción definitiva aprobada para operar como proveedora del Estado, figurando aún en estado "pendiente".

Entre los ejemplos más gráficos del desfase arancelario incorporados en la denuncia, se destacan:

·Endoprótesis ilíacas y aortobílicas: Adjudicadas a Farma Salud S.R.L. por un monto de $369,8 millones, mientras que el PAMI había adquirido recientemente el mismo dispositivo a otra firma por $17,8 millones, evidenciando un incremento superior a 19 veces (1.972%).

·Sistemas de válvulas transcatéter: Registraron un valor de contratación de $300,8 millones por encima de las liquidaciones estándar de la obra social de los jubilados.

·Prótesis no entregadas: La auditoría detectó que múltiples elementos ortopédicos facturados jamás llegaron a los destinatarios finales, registrándose además firmas proveedoras con domicilios legales inexistentes.

Contradicciones con el discurso oficial de fraude

El hallazgo de estos desvíos internos contrasta con la campaña pública que la administración nacional llevó adelante respecto a los beneficiarios de las asignaciones por invalidez. Meses atrás, el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había utilizado de forma pública la radiografía de un canino para argumentar supuestas falsificaciones masivas en las carpetas médicas, un expediente que luego se comprobó que ya había sido rechazado por el propio Estado y que nunca percibió haberes.

En sintonía, el oficialismo impulsó en el Congreso el proyecto de ley "Contra el fraude de las pensiones por invalidez". Sin embargo, el propio Poder Ejecutivo admitió en su informe de gestión legislativa del 29 de abril que el 99% de las bajas de beneficios realizadas entre 2024 y 2025 (110.454 asignaciones dadas de baja) obedecieron a problemas formales de notificación por inconsistencias domiciliarias en el marco del decreto 432/1997, y no a la detección de adulteraciones médicas o estafas por parte de los titulares.

Fondos frenados y deudas con el sector prestador

Frente al volumen de las irregularidades detectadas, el Ministerio de Salud mantiene retenidos unos $4.770 millones que se encontraban listos para ser transferidos a las firmas investigadas. Las autoridades ministeriales señalaron que este freno administrativo responde a un control preventivo de legalidad, motivado por la detección de una red de vínculos familiares y comerciales cruzados entre las compañías que distorsionaban las reglas de libre competencia y la transparencia del gasto.

Mientras la investigación judicial avanza sobre las prestadoras corporativas, el sistema de asistencia a los beneficiarios muestra signos de ahogo financiero. Según datos del presupuesto abierto, el Estado nacional ejecutó apenas el 10% de las partidas anuales asignadas para la cobertura de salud de los pensionados no contributivos en los primeros cinco meses del año. En paralelo, las deudas acumuladas con los profesionales y centros e instituciones terapéuticas que integran el programa Incluir Salud treparon a los $70.000 millones, arrastrándose compromisos impagos desde fines de 2025. Aunque desde la Secretaría de Discapacidad afirmaron que el Ministerio de Salud se encuentra en proceso de regularizar dichos saldos, el sector prestacional mantiene el estado de alerta por la falta de precisiones en los cronogramas de pago.