Un acuerdo en los tribunales federales del estado de Texas modificó el escenario judicial de Federico "Fred" Machado y generó un fuerte impacto político en Argentina. El rionegrino, procesado en el marco de la causa United States v. Mercer-Erwin et al., formalizó un pacto con la fiscalía norteamericana mediante el cual se declaró culpable de lavado de dinero y fraude electrónico, logrando que se desestimara la acusación por narcotráfico.

La resolución judicial motivó una enérgica reacción del presidente Javier Milei, quien utilizó sus canales de comunicación oficiales para respaldar públicamente al diputado José Luis Espert, cuya campaña presidencial de 2019 había recibido financiamiento y logística aérea por parte del empresario detenido.

El descargo presidencial y el reclamo de desagravio

A través de un extenso mensaje, el jefe de Estado arremetió contra lo que consideró una campaña de desprestigio sistemática orientada a minar la trayectoria pública del economista. El mandatario calificó de injustas las imputaciones mediáticas y políticas que vinculaban a Espert con maniobras del narcotráfico, argumentando que las acusaciones originales carecían de sustento probatorio real.

En su intervención, el Presidente cuestionó las sospechas sobre el ingreso del referente de Avanza Libertad a la actividad política, asociándolas a una intencionalidad de daño reputacional. Finalmente, exigió disculpas públicas por parte de los sectores que impulsaron las denuncias, concluyendo su exposición con una ratificación de su alianza política y personal con el legislador.

Los alcances del acuerdo en Texas

El cambio de estrategia de Machado se consolidó ante los tribunales de Texas, luego de pasar seis meses bajo arresto en un establecimiento penal de Oklahoma. Aunque inicialmente se había declarado inocente con la intención de enfrentar un juicio por jurados, el imputado optó por negociar con la fiscal federal Heather Rattan.

Bajo los términos acordados, Machado admitió su culpabilidad en dos delitos específicos:

·Conspiración para el lavado de activos: Un cargo que contempla penalidades máximas de hasta dos décadas de prisión.

·Fraude electrónico: Vinculado a una serie de maniobras financieras ilícitas.

Al aceptar estas responsabilidades, la justicia estadounidense desestimó los cargos vinculados al tráfico de estupefacientes, que constituían el núcleo del impacto político del caso en territorio argentino. Según la documentación de la causa, el mecanismo delictivo consistía en una estructura de estafas montada sobre la supuesta comercialización de aeronaves de gran porte pertenecientes a aerolíneas asiáticas, las cuales en realidad no se encontraban en el mercado.

Ramificaciones locales e interrogantes financieros

Pese al descarte de la acusación por narcotráfico, el expediente judicial mantiene bajo la lupa los flujos de dinero entre el empresario y el entorno del economista. Entre los elementos de prueba colectados figura un giro bancario de USD 200.000 realizado a comienzos de 2020.

Al respecto, el diputado fundamentó que dicha transferencia correspondía a honorarios profesionales por una asesoría técnica contratada para un emprendimiento minero en Centroamérica. No obstante, las pesquisas locales coordinadas por la justicia federal argentina señalan que, hasta el momento, no se han incorporado registros materiales que certifiquen la prestación de dichos servicios de consultoría.

El destino final de Machado quedará determinado por el magistrado Amos Mazzant III, quien dictará la sentencia definitiva ponderando el nivel de colaboración del acusado. La estrategia de la defensa técnica del rionegrino se centrará en solicitar que se compute como parte de la pena el tiempo de reclusión efectiva cumplido en Estados Unidos, sumado al periodo de detención domiciliaria que el empresario atravesó en la provincia de Río Negro tras ser localizado en Bariloche en el año 2021.