El Gobierno argentino dispondrá el envío de una aeronave Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea con el objetivo de colaborar en el abastecimiento de productos de primera necesidad en territorio boliviano. La medida de asistencia internacional responde a un requerimiento explícito de la administración del país vecino y apunta a consolidar un corredor logístico por vía aérea para evadir las múltiples barricadas que mantienen aisladas a las principales urbes.

La resolución bilateral se adoptó tras el colapso del operativo "Corredor Humanitario", una estrategia de despeje de rutas activada la noche del viernes por el Ejecutivo boliviano que comanda Rodrigo Paz. Pese al despliegue de miles de efectivos de la policía y las fuerzas armadas para garantizar la circulación de camiones de carga y unidades cisterna hacia El Alto y La Paz, las acciones oficiales no lograron revertir una parálisis que ya se extiende por más de diez días.
Dinámica de los enfrentamientos en los accesos urbanos

Las fuerzas de seguridad consiguieron liberar de manera temporal diversos piquetes localizados sobre las rutas a Laja durante la madrugada; sin embargo, los grupos civiles organizados retomaron las posiciones y restablecieron los cortes pocas horas después. La mayor complejidad operacional se concentra en los accesos a El Alto, escenario donde se registran choques directos entre las columnas de manifestantes y los uniformados.

El jefe de la Policía de La Paz, Juan Sotopeña, ratificó que la violencia de los choques —caracterizados por la utilización de cartuchos de dinamita por parte de las facciones civiles— arrojó múltiples efectivos lesionados y derivó en la detención de al menos 25 individuos bajo los cargos de vandalismo y uso de materiales explosivos.

El vocero del Palacio Quemado, José Luis Gálvez, detalló que el personal policial abocado a las tareas de dispersión contaba únicamente con armamento de letalidad reducida, viéndose superado y forzado a replegarse en determinados puntos estratégicos ante la presión de agrupaciones campesinas y de trabajadores mineros. Las consignas de las bases en conflicto contemplan mejoras en los haberes, provisión de insumos y la dimisión del propio jefe de Estado.
Las reformas económicas que detonaron el estallido social

El trasfondo del conflicto político y civil se remonta a la plataforma de reformas aplicada por Rodrigo Paz, quien accedió a la presidencia tras imponerse en los comicios del año pasado y asumir el cargo el 8 de noviembre de 2025 bajo la premisa de "Capitalismo para todos". Al iniciar su mandato, el líder político ejecutó un plan de austeridad fiscal que incluyó el recorte del 30% en las erogaciones del gasto público.

De manera complementaria, el programa de gobierno suprimió cuatro gravámenes impositivos específicos orientados a dinamizar los desembolsos del sector privado, medida que contó con el visto bueno de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia:

El impuesto a las grandes fortunas.

El impuesto a las transacciones financieras.

El impuesto sobre los juegos de azar.

El impuesto a las promociones empresariales.

No obstante, el factor determinante en el descontento de los sectores populares y la Central Obrera Boliviana (COB) fue la quita definitiva de los subsidios tradicionales a los combustibles. Si bien la medida buscaba sanear las cuentas fiscales del Estado, provocó una inmediata contracción en el poder adquisitivo de los asalariados, sirviendo como detonante para las huelgas y los piquetes generalizados que hoy comprometen la gobernabilidad de la nación andina.