A través del DNU 264/2026, el Ejecutivo aprobó las operaciones “Daga Atlántica” y “PASSEX”. La medida genera una fuerte polémica legal al ignorar la facultad exclusiva del Poder Legislativo para permitir el ingreso de tropas extranjeras.
En un movimiento que sacude los cimientos de la división de poderes, la administración de Javier Milei ha oficializado la entrada de fuerzas armadas estadounidenses al territorio nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Esta decisión colisiona directamente con el artículo 75 de la Constitución, que establece que la autorización de misiones militares internacionales es una potestad exclusiva del Congreso.
La "urgencia" bajo la lupa
El argumento oficial se sostiene sobre la supuesta parálisis legislativa del proyecto original. No obstante, el análisis de los expedientes contradice la naturaleza "imprevista" del decreto. Los ejercicios, planificados con casi dos años de antelación —con gestiones iniciadas en 2024 y formalizadas en 2025—, sugieren que el Gobierno optó por el camino del DNU para evitar el escrutinio parlamentario en lugar de responder a una emergencia real.
Despliegue estratégico y presupuesto
La medida no solo representa un giro político, sino que implica un desembolso significativo en un contexto de austeridad fiscal. El costo de las operaciones supera los 895 millones de pesos, repartidos entre logística y despliegue técnico.
El alcance de las maniobras incluye:
·Operaciones Especiales: El arribo de medio centenar de efectivos de élite estadounidenses que operarán en bases clave de Córdoba, Moreno y Puerto Belgrano.
·Poderío Aéreo y Naval: El despliegue de transporte pesado tipo C-17 Globemaster III y el tránsito por aguas argentinas del portaaviones USS “NIMITZ” junto al destructor USS “GRIDLEY”.
·Tecnología de Punta: Uso de sistemas aéreos no tripulados (drones) y armamento táctico avanzado en territorio nacional.
Un salto en la política de defensa
Más allá de la "interoperabilidad" que defiende el Ministerio de Defensa —encabezado por Carlos Alberto Presti y respaldado por la firma de todo el gabinete—, la medida es vista por diversos sectores como una entrega de autonomía estratégica.
Al formalizar este "desembarco" por decreto, se establece un precedente donde la seguridad nacional y la política exterior quedan bajo el arbitrio directo del Ejecutivo, desplazando el debate democrático sobre el rol de las fuerzas extranjeras en puntos neurálgicos del país. La falta de control legislativo deja un vacío de seguridad jurídica sobre operaciones que, lejos de ser protocolares, involucran medios de combate de última generación en la Zona Económica Exclusiva y guarniciones militares internas.
