La Federación Argentina de Municipios (FAM) analiza denunciar penalmente al Ministro de Economía por malversación de caudales públicos. Denuncian que más de un billón de pesos destinados a rutas nacionales terminaron financiando el "carry trade" y la especulación financiera.
La tregua política entre el Palacio de Hacienda y los gobiernos locales ha llegado a su fin. En un movimiento coordinado que agrupa a intendentes del peronismo, el radicalismo y partidos vecinalistas,
la FAM ha puesto en marcha una estrategia judicial contra Luis "Toto" Caputo. El eje del conflicto es la presunta retención indebida y el desvío de fondos con asignación específica derivados de la Ley 23.966 (Impuesto a los Combustibles).
La anatomía del reclamo: El "agujero" de $1.15 billones
El argumento técnico de los jefes comunales se basa en la ley de hidrocarburos, que establece que un porcentaje de lo recaudado en el surtidor debe alimentar el Fideicomiso de Infraestructura de
Transporte. Según el análisis de la FAM, los números de la gestión 2025 y el primer trimestre de 2026 no cierran:
·Lo recaudado: El año pasado, el fideicomiso captó 3.5 billones de pesos.
·Lo que debió recibir Vialidad: De acuerdo al decreto 976/2001, la Dirección Nacional de Vialidad debió percibir $2.25 billones para el mantenimiento de la red vial.
·La realidad contable: Solo se transfirieron $1.2 billones.
Para los intendentes, la diferencia de $1.15 billones no se evaporó, sino que fue "secuestrada" por el Tesoro para sostener el esquema de bonos, el pago de intereses de deuda y el mantenimiento de un seguro de cambio para inversores financieros.
La acusación: ¿Malversación o estrategia fiscal?
La figura legal que baraja la comisión de la FAM, encabezada por Fernando Espinoza (La Matanza), es la de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales.
Sostienen que el ministro no tiene facultades para alterar el destino de un impuesto con asignación específica.
"Mientras nuestras rutas nacionales se desintegran y la obra pública está paralizada, el Gobierno utiliza el dinero de los vecinos para asegurar las ganancias de quienes operan en el circuito financiero", denunció uno de los miembros de la federación tras la marcha al Ministerio de Economía el pasado lunes.
El factor "Carry Trade" bajo la lupa judicial
La denuncia que preparan los intendentes incluye un punto especialmente sensible para Comodoro Py: el uso de fondos públicos como respaldo de la especulación. Según el comunicado oficial de la FAM, el Gobierno estaría actuando como "seguro de cambio" para que grandes operadores financieros ganen fortunas "apretando un botón", mientras los recursos para infraestructura básica se mantienen congelados.
En la Casa Rosada, la preocupación crece. Los trascendidos indican que la justicia federal ya sigue de cerca estas maniobras, y una denuncia formal de cientos de intendentes le otorgaría el volumen político necesario a una investigación que podría complicar el futuro procesal del equipo económico.
Última instancia: El llamado al diálogo
Pese a la dureza del planteo, la FAM ha dejado una puerta abierta. Han solicitado una convocatoria urgente a Caputo para "normalizar el flujo de fondos". Sin embargo, advierten que si el silencio persiste, la presentación judicial será el próximo paso inevitable. La asfixia de las arcas municipales, sumada al deterioro visible de la red vial nacional, ha unificado a sectores políticos que anteriormente se encontraban enfrentados, consolidando un frente de resistencia territorial contra el programa de ajuste nacional.
