La justicia investiga cómo el Jefe de Gabinete accedió a un crédito privado de 200.000 dólares sin intereses para comprar una propiedad en Caballito. La contabilidad del funcionario no alcanzaría para cubrir las cuotas mensuales.

La declaración testimonial de la escribana de Manuel Adorni ante los tribunales de Comodoro Py ha generado una fuerte repercusión en el marco de la investigación sobre el patrimonio del vocero presidencial y actual Jefe de Gabinete. El foco de la Justicia está puesto en las condiciones "excepcionales" que obtuvo Adorni para la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito, beneficios que resultan inexistentes en el mercado inmobiliario actual.
Un préstamo fuera de mercado

De acuerdo con el testimonio de la notaria, la compra de la vivienda se concretó con una modalidad que despertó sospechas: las vendedoras —dos mujeres jubiladas— le otorgaron a Adorni un préstamo personal por 200.000 dólares a pagar en el plazo de un año. Lo más llamativo para los investigadores es que el crédito se pactó a "tasa cero", es decir, sin el cobro de un solo centavo de interés.

Además, la escribana admitió que ella misma solía gestionarle al funcionario prestamistas particulares que cobraban intereses mínimos, permitiéndole evitar el sistema bancario tradicional y sus regulaciones.
Las cuentas que no cierran

El dictamen judicial analiza ahora la capacidad de ahorro y pago del funcionario. Para saldar una deuda de ese monto en apenas 12 meses, Adorni debería haber desembolsado cuotas de aproximadamente 16.600 dólares mensuales.

Incluso considerando su sueldo oficial, que ronda los 7 millones de pesos, la cuota necesaria para cancelar el préstamo superaría los 23 millones de pesos mensuales (al tipo de cambio actual). Esta brecha financiera es la que lleva a la Justicia a preguntarse por el origen real de los fondos utilizados para estas operaciones, un dato que la propia escribana confesó desconocer ante el juez.
El impacto político

La investigación surge en un contexto de fuerte ajuste económico para la ciudadanía, lo que incrementa el costo político de las revelaciones. Mientras el Gobierno nacional promueve la transparencia y el fin de los privilegios, uno de sus máximos referentes enfrenta el desafío de explicar cómo obtuvo beneficios financieros que están fuera del alcance de cualquier ciudadano común.

Por el momento, la causa continúa su curso en Comodoro Py con el análisis de los registros notariales y las declaraciones juradas de Adorni, buscando determinar si existe una inconsistencia patrimonial o si se trata de una maniobra de financiamiento no declarada.