Adriana Nechevenko fue citada a declarar por el patrimonio del funcionario. La profesional ya había sido testigo clave en un juicio por tráfico de efedrina, donde certificó firmas de personas luego condenadas.
La situación patrimonial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo de controversia tras conocerse los antecedentes de su escribana de confianza, Adriana Mónica Nechevenko de Schuster. La profesional deberá presentarse el próximo miércoles ante el fiscal Gerardo Pollicita para declarar en el marco de la investigación sobre los bienes del funcionario nacional.
Esta citación marca el regreso de Nechevenko a los tribunales de Comodoro Py, donde hace 12 años tuvo un rol preponderante en un megajuicio relacionado con la Ruta de la Efedrina. En aquel entonces, se comprobó que la escribana trabajó para los líderes de una organización que importó toneladas de precursores químicos mediante laboratorios fantasma.
El nexo con la efedrina
Durante el proceso judicial de 2014, Nechevenko admitió haber certificado firmas y participado en la constitución de sociedades de rápida creación para personajes como Josué Fuks y Alfredo Abraham.
Uno de los puntos más críticos de su pasado profesional fue la certificación de firmas a Guillermo Ascona, un vendedor ambulante utilizado como testaferro por la banda narco. A pesar de la evidente falta de recursos e instrucción del hombre, la escribana validó sus solicitudes ante la Sedronar para importar cientos de kilos de efedrina desde la India.
Bajo la lupa por el patrimonio de Adorni
En la actualidad, el rol de la escribana vuelve a ser cuestionado, pero esta vez por su intervención en las recientes operaciones inmobiliarias de Adorni. La Justicia pone el foco en dos adquisiciones principales:
Una propiedad en el exclusivo country Indio Cuá.
Un departamento en el barrio de Caballito.
La investigación busca determinar por qué los valores declarados en las escrituras confeccionadas por Nechevenko serían sensiblemente inferiores a los precios de mercado, sumando sospechas sobre el origen y la transparencia de los fondos utilizados por el vocero presidencial.
