Tras el revés judicial que ratificó la Ley de Financiamiento, el Ejecutivo buscará limitar el impacto fiscal mediante transferencias mensuales controladas. En paralelo, prepara un recurso extraordinario para que el máximo tribunal revise la validez de la norma.

El escenario de disputa entre las universidades nacionales y el Poder Ejecutivo sumó una nueva capa de complejidad. Ante la orden de la Cámara Federal de aplicar de forma inmediata la Ley 27.795, la administración central definió una estrategia de doble vía: una ofensiva jurídica para llegar a la Corte Suprema y una ingeniería administrativa para cumplir con la sentencia sin comprometer la estructura del presupuesto anual.

La batalla en los tribunales

El equipo legal de la Nación trabaja en la presentación de un recurso extraordinario federal. El objetivo es cuestionar la resolución que obliga a recomponer salarios docentes y partidas de investigación. Conscientes de que la Cámara podría rechazar esta instancia, en Balcarce 50 ya tienen listo el plan B: ir "en queja" directamente a la Corte Suprema de Justicia para intentar suspender los efectos del fallo.

Ejecución fraccionada y "estrategia de goteo"

En el plano operativo, el oficialismo decidió que el acatamiento de la medida judicial no se traducirá en una ampliación presupuestaria masiva y automática. La intención es avanzar con transferencias mensuales mínimas que permitan cubrir las actualizaciones salariales y de becas exigidas, pero bajo una lógica de ejecución "mes a mes".

Con esta modalidad, el Gobierno busca evitar que el costo total de la ley quede consolidado como un gasto permanente y rígido dentro de las previsiones fiscales de 2026, otorgándole un margen de maniobra política mientras dure el proceso de apelación.

El trasfondo del reclamo

El punto de fricción sigue siendo la movilidad automática de los haberes. La ley establece que los sueldos del sector deben actualizarse siguiendo la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

Para el Ejecutivo, este mecanismo de indexación colisiona con la Ley de Administración Financiera, argumento que ya utilizó en el decreto 759/2025 para intentar frenar la norma por falta de fondos específicos.

A largo plazo, la apuesta oficial no es la derogación, sino la sustitución legislativa. El Gobierno planea enviar al Congreso un nuevo proyecto que reemplace la actualización automática por un esquema de financiamiento más acotado y sujeto a la disponibilidad de recursos, similar a la resolución administrativa que aplicó recientemente en otras áreas de emergencia social.