La reciente decisión del Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, de descartar el proyecto de reforma integral del Código Penal trabajado durante los últimos dos años ha desatado una fuerte interna en el Gobierno. El nuevo borrador, que prioriza el endurecimiento de penas para delitos comunes pero reduce las sanciones para delitos contra la administración pública, es visto por sectores internos como una renuncia a una de las banderas fundacionales de Javier Milei.
Contradicciones y cambios conceptuales
El nuevo texto marca un viraje desde una lucha estructural contra la "casta" hacia un enfoque de seguridad urbana punitivista. Entre los cambios más polémicos se destacan:
·Delitos de cuello blanco: Se eliminó la propuesta de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción y se redujeron las penas para funcionarios públicos.
·Lavado de dinero: El proyecto eleva los montos mínimos para que una maniobra sea tipificada como lavado, un cambio que beneficia directamente a investigados por delitos financieros.
·Enfoque selectivo: Mientras se agravan las penas para robos, hurtos y "entraderas", se suaviza el tratamiento para los delitos de poder.
El impacto en las causas judiciales vigentes
La oposición y algunos juristas advierten que la reforma parece redactada a la medida de las urgencias judiciales del entorno presidencial. El nuevo criterio sobre la admisión de pruebas y la limitación de ciertos mecanismos de evidencia podrían tener un impacto directo en:
1.Causa $Libra: Las modificaciones facilitarían planteos de nulidad sobre pruebas clave que comprometen a los hermanos Milei en la presunta estafa con criptomonedas.
2.Causa Andis y Enriquecimiento: El nuevo marco legal beneficiaría también las investigaciones que pesan sobre el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la Secretaria General, Karina Milei.
Polémica por delitos de lesa humanidad
Un punto adicional de conflicto es la introducción de "zonas grises" en el tratamiento de los delitos de lesa humanidad. Si bien se mantiene formalmente su imprescriptibilidad, el cambio en los criterios de encuadre y alcance abre la puerta a nuevos planteos judiciales por parte de los condenados por genocidio, lo que suma presión sobre la agenda de derechos humanos.
Escenario legislativo
En el Congreso se anticipa una resistencia férrea. Bloques opositores ya calificaron la iniciativa como una reforma que "recorta por arriba y endurece por abajo", señalando que el Gobierno abandona la ética de la transparencia para blindar a sus propios funcionarios ante el avance de la justicia.
