En un giro estratégico que marca distancia de los sectores más duros, la cúpula de la CGT decidió desactivar la posibilidad de un paro general para este viernes. Tras una reunión de mesa chica de dos horas en la sede de UPCN, la conducción resolvió que el foco de la pelea contra la Reforma Laboral ya no estará en las escalinatas del Congreso, sino en los despachos de los magistrados.

El lunes, cita en Tribunales

La decisión central es movilizar el próximo lunes al Palacio de Justicia. El objetivo es presentar un planteo de inconstitucionalidad, una jugada similar a la que aplicaron con éxito parcial contra el DNU 70/2023. Desde la central obrera argumentan que, si las protestas masivas no lograron conmover el voto de los legisladores, es momento de que hablen las leyes.

Existe, además, una expectativa renovada: los abogados de la central confían en que el malestar dentro del Poder Judicial por la eliminación de fueros específicos genere un terreno fértil para sus amparos.

Tensiones y fracturas en el mapa sindical

Sin embargo, esta postura "legalista" no fue unánime. Los gremios del transporte, históricamente más combativos, presionaron por una escalada inmediata de las protestas ante el deterioro de los salarios, pero terminaron en minoría frente a la postura de los "gordos" e independientes.

Esta cautela de la CGT choca de frente con el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU). El bloque que nuclea a la UOM, las CTA y gremios estatales como ATE, ratificó que ellos sí ganarán la calle este mismo viernes. Desde este sector, voces cercanas a Abel Furlán dejaron claro que no esperaban un acompañamiento de la central y que su plan es "federalizar" el conflicto, manteniendo la presión activa a pesar de la tregua judicial que intenta imponer la conducción nacional.