El ámbito laboral argentino atraviesa un momento crucial tras la reciente media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, que ha reavivado el debate sobre los efectos normativos de esta modificación en los contratos de trabajo celebrados antes de su aprobación. La reforma, que excluyó el controvertido artículo 44, mantiene gran parte de los cambios propuestos por el Gobierno, generando inquietud entre empresarios y sindicatos respecto al régimen indemnizatorio de los trabajadores ya contratados.
La discusión se centra principalmente en cómo aplicar las nuevas normas a aquellos empleados desvinculados bajo la legislación anterior. De acuerdo con declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, “la reforma aplica a todos los empleos, no solo a los nuevos”, intentando así clarificar la percepción de que podría coexistir un sistema dual. Sin embargo, los expertos legales han identificado puntos críticos que merecen atención.
Marcelo Aquino, abogado especializado en derecho laboral, enfatiza que, según la jurisprudencia argentina, se aplicará la ley vigente en el momento de la desvinculación, lo cual significa que la norma relevante para calcular indemnizaciones depende de la fecha del despido, no del inicio del vínculo laboral. "Un derecho adquirido es aquel que pertenece al trabajador durante la vigencia de la ley anterior. Si un nuevo régimen se establece, este se aplicará a todos los contratos, salvo que afecte derechos adquiridos", explica Aquino.
En una línea similar, Julián Ortiz Alonso, gerente del Departamento de Seguridad Social y Derecho del Trabajo de un reconocido estudio jurídico, subraya que la jurisprudencia ha sido clara: la nueva ley regirá para los despidos que ocurran después de su entrada en vigencia, sin considerar la fecha de ingreso del trabajador. Desde su perspectiva, "lo que importa es la normativa vigente al momento de la desvinculación".
El Gobierno argumenta que esta reforma tiene como objetivo simplificar la normativa laboral y evitar distinciones injustas entre empleados antiguos y nuevos. La media sanción obligará al Senado a discutir los artículos restantes y realizar posibles modificaciones al texto original. Mientras tanto, las organizaciones sindicales y empresariales ya han comenzado a expresar sus preocupaciones sobre el impacto potencial de estos cambios.
Aquino resalta que el concepto de derechos en expectativa y derechos adquiridos se vuelve crítico en este contexto. "Una expectativa es una posibilidad futura basada en la continuidad de la ley actual. En cambio, un derecho adquirido se consolida en el momento de la desvinculación", aclara. Esto sugiere que los trabajadores desvinculados bajo la ley anterior tendrán derecho a recibir indemnizaciones conforme a esa normativa, siempre que el despido ocurra antes de la entrada en vigor de la nueva ley.
Los especialistas advierten que, ante eventuales modificaciones legislativas, cualquier despido posterior a la promulgación de la nueva ley deberá ajustarse a las nuevas condiciones, afectando incluso a quienes fueron contratados antes de esta reforma. Ortiz Alonso enfatiza que "no existe un régimen dual, salvo que la nueva norma disponga expresamente lo contrario, lo cual no es el caso en este proyecto”.
A pesar de la exclusión del artículo 44, que había suscitado amplios debates, la reforma aún incluye modificaciones significativas en torno a indemnizaciones y modalidades contractuales. La transición entre los regímenes es un aspecto que promete generar conflictos legales, especialmente en casos donde existan interpretaciones divergentes sobre la aplicación de la norma.
Las consultas en torno a esta reforma no cesan, mientras el Poder Ejecutivo defiende la iniciativa como una pieza clave de su programa de desregulación y transformación del Estado. Sturzenegger ha señalado que "la reforma moderniza las reglas del juego para todos y otorga previsibilidad en el mundo laboral", presentando la normativa como un paso hacia la seguridad jurídica.
Con la atención centrada en el avance de la discusión en el Senado, los actores sociales continúan analizando el impacto inmediato de la reforma y su implementación práctica. Las perspectivas sobre los cambios en el régimen indemnizatorio y la forma en que se abordarán los distintos casos específicos serán fundamentales para entender el rumbo de las relaciones laborales en el país.
