Tras los enfrentamientos ocurridos frente al Congreso durante el debate de la reforma laboral, el Ministerio de Seguridad de la Nación evalúa un nuevo paquete de medidas para regular las manifestaciones. El objetivo central es neutralizar el uso de elementos de la vida cotidiana como armas improvisadas y fortalecer la prevención antes de que se produzcan los incidentes.
Ejes del nuevo protocolo de control
La ministra Alejandra Monteoliva confirmó que su gestión analiza implementar controles más rigurosos sobre los manifestantes. La estrategia se basa en tres puntos clave.
Se evalúa la revisión sistemática de mochilas y bolsos en los accesos a las zonas de concentración para detectar elementos contundentes o explosivos caseros.
Se analiza prohibir el ingreso de banderas con astas de madera o metal. Según la cartera de Seguridad, estos objetos fueron utilizados como "lanzas" o proyectiles contra las fuerzas federales en los recientes disturbios.
Implementación de perímetros de seguridad más amplios para filtrar el ingreso de grupos violentos antes de que lleguen a las inmediaciones de edificios públicos.
Balance de los incidentes en el Congreso
Las medidas bajo estudio surgen como respuesta directa a la escalada de violencia registrada el miércoles pasado, mientras el Senado discutía cambios en la legislación laboral.
El informe del Ministerio destaca:
1.Agresiones con proyectiles: Los efectivos de la Policía y Gendarmería fueron blanco de piedras y dispositivos incendiarios (bombas molotov).
2.Uso de elementos de protesta: Se identificó que parte del mobiliario y los materiales de las organizaciones (como los palos de las banderas) fueron desmantelados para ser usados como armas.
3.Respuesta de las fuerzas: La intervención incluyó el despliegue de carros hidrantes, agentes químicos (gases lacrimógenos) y unidades de infantería para dispersar a los manifestantes y recuperar el control del perímetro.
El debate por el derecho a la protesta
Desde el Gobierno sostienen que el endurecimiento de los controles busca garantizar que las manifestaciones se realicen "sin poner en riesgo la vida de nadie". Sin embargo, la prohibición de elementos tradicionales de movilización y la inspección de pertenencias personales abren un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites de la intervención estatal en el espacio público y la libertad de expresión.
La definición de estos nuevos protocolos coincidirá con el tratamiento del proyecto de reforma en la Cámara de Diputados, fecha para la cual se prevén nuevas movilizaciones masivas.
