Luego de obtener el respaldo de la Cámara Alta, el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado profundizó en los pilares de la normativa que ahora busca su sanción definitiva en Diputados. Para el Ejecutivo, se trata de una transformación estructural inédita en el periodo democrático moderno, orientada a combatir el empleo no registrado.

El Gobierno enfatiza que el cálculo indemnizatorio base (un mes por año de servicio) permanece inalterado. Sin embargo, el foco está puesto en desmantelar la "industria del juicio":

·Honorarios de peritos: Se desvinculan del monto total de la sentencia; ahora serán fijos por tarea realizada.

·Previsibilidad: Se busca acotar los plazos de resolución judicial y eliminar recargos excesivos en las liquidaciones finales.

·Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se ratificó la creación de este fondo bajo administración privada, diseñado para que las compañías cuenten con respaldo ante eventuales despidos.

La reforma introduce cambios en la dinámica cotidiana entre empleador y empleado:

·Gestión del tiempo: Se permite el fraccionamiento de las vacaciones por mutuo acuerdo, rompiendo la rigidez de los bloques de descanso tradicionales.

·Salarios regionales: Se promueve la descentralización de las paritarias, permitiendo que los sueldos se ajusten a las realidades económicas de cada provincia o región en lugar de un estándar nacional único.

En cuanto a la relación con los gremios y el funcionamiento del Estado, los puntos clave son:

·Límite a las cuotas solidarias: Los aportes sindicales tendrán un techo del 2%, eliminando retenciones que llegaban a triplicar ese valor. Además, habrá transparencia total en los recibos de sueldo.

·Garantía de educación: Se declara a la enseñanza (inicial, media y especial) como servicio esencial, exigiendo una prestación mínima del 50% incluso durante huelgas.