Con 42 votos a favor y 30 en contra, la Cámara Alta aprobó el proyecto. El Gobierno debió mantener el descuento de las cuotas sindicales y eliminar cambios en Ganancias para destrabar la negociación con gobernadores y aliados.

BUENOS AIRES – En una sesión maratónica y cargada de modificaciones de último momento, el oficialismo logró dar un paso clave en su agenda legislativa. El Senado de la Nación aprobó este jueves la Reforma Laboral, obteniendo 42 votos positivos frente a 30 rechazos. La victoria parlamentaria, sin embargo, llegó tras una serie de concesiones estratégicas de la Casa Rosada hacia los sectores gremiales y los mandatarios provinciales.

Acuerdos clave: Sindicatos y Coparticipación

El punto de inflexión que permitió alcanzar la mayoría fue la decisión del Gobierno de dar marcha atrás con artículos que tocaban directamente la estructura de financiamiento sindical. Se descartó la cláusula que establecía la caída automática de las cuotas sindicales a los dos años. De esta manera, el descuento continuará vigente y las empresas seguirán actuando como agentes de retención.

Impuesto a las Ganancias. En un gesto hacia los gobernadores, se eliminó el artículo que rebajaba el impuesto para grandes y medianas empresas, una medida que amenazaba con recortar más de 2 billones de pesos en la masa coparticipable de las provincias.

La presencia en el recinto de figuras de peso del Ejecutivo, como Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia), Manuel Adorni (Jefe de Gabinete) y Diego Santilli (Interior), subrayó la relevancia que el Gobierno otorgaba al desenlace de la votación.

Voces cruzadas en el recinto

A pesar de la aprobación, la jornada estuvo marcada por fuertes críticas de la oposición debido a la celeridad de los cambios en el texto original.

"A las 8 de la mañana recibimos lo que se supone es la versión definitiva con la modificación de 50 artículos. El 25% del proyecto fue modificado sin discusión", denunció la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, quien votó en contra junto a su par Guillermo Andrada.

Lucía Corpacci, en tanto, calificó la reforma como un retroceso: "Este proyecto considera al trabajo como una mercancía y deja al trabajador absolutamente desprotegido. Dicen 'modernización', pero en realidad quitan derechos".

Por su parte, el senador radical Flavio Fama acompañó la propuesta libertaria, mientras que Fernando Salino (Convicción Federal) justificó su rechazo criticando la desprolijidad del trámite parlamentario: "No se puede tratar cualquier cosa", sentenció sobre las modificaciones de última hora.

Juliana Di Tullio, fiel a su estilo confrontativo, apuntó directamente contra lo que llamó una "entrega de la dignidad trabajadora".

"Lo que estamos votando no es una reforma, es una claudicación ante el capital", disparó Di Tullio desde su banca. "Le están pidiendo al trabajador que financie su propio despido y que acepte que su esfuerzo vale menos que hace veinte años. No es modernización, es precarización con moño y olor a rancio", sentenció la legisladora kirchnerista.

Por su parte, el senador chaqueño Jorge Capitanich aportó una visión técnica y macroeconómica para justificar su voto negativo. Para el exgobernador, la reforma no generará empleo, sino que profundizará la recesión por la caída del consumo interno.

"Se pretende instalar la falacia de que eliminando derechos se incentiva la contratación", sostuvo Capitanich. "Lo que genera empleo es la demanda agregada y un mercado interno pujante. Esta ley solo busca reducir el costo laboral para maximizar la rentabilidad de sectores concentrados, desprotegiendo al eslabón más débil de la cadena productiva. Es un experimento que ya fracasó en los 90 y que volverá a fracasar hoy".

El jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, defendió el consenso alcanzado y puso el foco en la urgencia de cambiar las reglas de juego laborales para frenar la caída del empleo formal.

"Estamos rompiendo las cadenas de un sistema que lleva décadas asfixiando a los que quieren dar trabajo", afirmó Atauche durante su intervención. "No estamos quitando derechos, estamos devolviendo la esperanza a millones de argentinos que hoy están en la informalidad porque el costo de contratar es una sentencia de muerte para cualquier PyME. Esta reforma es el motor que el sector privado necesita para volver a encenderse", remarcó.

En sintonía, el senador Joaquín Benegas Lynch aportó una mirada centrada en la necesidad de modernizar el marco normativo para adaptarlo a la realidad económica actual, destacando que el sistema vigente solo ha generado estancamiento.

"No podemos pretender resultados distintos haciendo siempre lo mismo; este es un paso valiente hacia la libertad productiva", sostuvo Benegas Lynch. "Esta ley busca terminar con la industria del juicio y con esas trabas burocráticas que impiden que el empleador y el empleado se pongan de acuerdo. Estamos sentando las bases de una Argentina donde el esfuerzo sea premiado y donde el Estado deje de ser un obstáculo para el crecimiento laboral", resaltó.

Con esta media sanción, el proyecto ahora se encamina a su etapa final de tratamiento, dejando atrás —al menos por ahora— la intención original del oficialismo de fijar topes estrictos a los aportes patronales y sindicales.