Tras aceptar 28 modificaciones exigidas por gobernadores, cámaras empresariales y la CGT, el oficialismo busca convertir en ley la modernización laboral antes de la apertura de sesiones ordinarias.

El Senado de la Nación será hoy el escenario de una jornada legislativa determinante. A partir de las 11:00, la Cámara Alta debatirá el proyecto de modernización laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, que llega al recinto con cambios sustanciales tras intensas negociaciones. La estrategia oficialista es clara: asegurar la sanción definitiva antes del 1° de marzo, para que el presidente Javier Milei pueda anunciar el logro ante la Asamblea Legislativa.

El factor federal: el reclamo de los gobernadores

Uno de los frentes de mayor presión fue el de las provincias. Los mandatarios provinciales advirtieron que el capítulo fiscal original de la reforma implicaba una pérdida de $1,9 billones en fondos coparticipables.

Ante este escenario, el Gobierno decidió:

Eliminar el artículo 190: Se dio marcha atrás con la reducción del 30% al 27% en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, preservando así la recaudación coparticipable.

Resguardar el superávit: Desde el Ejecutivo señalaron que esta quita también colabora con la meta de equilibrio fiscal del Gobierno Nacional.

La pulseada con la CGT: concesiones y límites

La Confederación General del Trabajo (CGT) logró blindar parte de la estructura de financiamiento de los gremios y el sistema de salud sindical. Entre los puntos acordados destacan:

Aportes solidarios: Continuarán vigentes por dos años, aunque con un tope del 2% (actualmente llegan al 4% en algunos casos).

Obras sociales: Se mantuvo la carga patronal en el 6%, rechazando la baja al 5% que pretendía el proyecto inicial para evitar un mayor desfinanciamiento.

Afiliación: Las empresas seguirán actuando como agentes de retención de las cuotas sindicales.

No obstante, el sindicalismo no pudo revertir la limitación del derecho a huelga en servicios esenciales ni la obligación de pedir autorización patronal para realizar asambleas en los lugares de trabajo, puntos que permanecen en el texto.

Cambios para el sector empresarial y judicial

El proyecto también introduce modificaciones en la relación empleador-empleado y en el sistema de indemnizaciones:

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea este fondo para financiar despidos sin causa, con aportes del 2,5% para PyMEs y 1% para grandes empresas.

Juicios laborales: Se limitarán a considerar solo los salarios, excluyendo aguinaldos y vacaciones del cálculo indemnizatorio.

Bancarización: Se ratificó que el pago de sueldos debe ser vía bancaria, descartando el uso de billeteras virtuales.