Este martes 11 de febrero comienza la constitución de comisiones clave. Mientras La Libertad Avanza busca sellar acuerdos con el PRO y la UCR, los sindicatos ya preparan movilizaciones masivas frente al Congreso.
El Gobierno de Javier Milei ingresa en una semana decisiva para su agenda legislativa. Tras el respaldo público de los hermanos Milei al ministro Cúneo Libarona, el oficialismo trasladará la batalla al Senado de la Nación. Este martes 11 de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias, comenzará la constitución de las comisiones que tratarán los dos proyectos pilares de la gestión: el Proyecto de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil.
La estrategia de La Libertad Avanza (LLA) se centra en la "seducción" de los bloques dialoguistas. Tras meses de gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores, el oficialismo confía en articular mayorías junto al PRO, la UCR y la Coalición Cívica para destrabar reformas que habían sido postergadas el año pasado.
Flexibilidad laboral: ¿Modernización o pérdida de derechos?
El proyecto laboral es el que mayor resistencia genera en el arco gremial. La iniciativa propone una reconfiguración total de la relación empleado-empleador a través de:
Fondo de Cese Laboral: Un sistema de indemnizaciones basado en convenios colectivos.
Figura del "Colaborador Independiente": Un régimen de autonomía que prescinde de la relación de dependencia tradicional.
Banco de Horas: Un esquema de flexibilidad horaria para compensar jornadas extendidas sin el pago de horas extras.
Reducción de cargas patronales: Medida orientada, según el Ejecutivo, a fomentar la contratación formal.
La reacción sindical: Las centrales obreras ya manifestaron un "rechazo total", argumentando que la ley no crea empleo sino que "impulsa la pérdida de derechos adquiridos". Se esperan movilizaciones masivas en las inmediaciones del Congreso desde la apertura de las comisiones.
Imputabilidad a los 13 años: El fin de la "puerta giratoria"
En sintonía con las declaraciones recientes de Cúneo Libarona, el proyecto de Ley Penal Juvenil busca reemplazar la ley vigente (22.278) para terminar con la impunidad en delitos cometidos por menores de 16 años.
Los puntos centrales de la propuesta incluyen:
Baja de edad: La edad de imputabilidad pasaría de 16 a 13 años.
Penas diferenciadas: Se elimina la reclusión perpetua para menores, fijando un tope máximo de 20 años de condena.
Régimen de gravedad: Para delitos graves, adolescentes de 14 años o más podrían recibir penas similares a los adultos, aunque con la prohibición de ser alojados en cárceles comunes.
Enfoque socioeducativo: Para delitos menores (penas inferiores a 3 años o 10 años sin violencia), se priorizarán tareas comunitarias y libertad asistida.
Con este despliegue, el Gobierno busca capitalizar su capital político de inicio de año, enfrentando un clima social tenso y un Congreso donde cada voto de la oposición dialoguista será vital para evitar un nuevo traspié legislativo.
