En una medida de alto impacto diplomático, el Gobierno Nacional anunció el cierre de sus fronteras para cualquier integrante de la estructura de poder de Nicolás Maduro. La decisión busca evitar que exfuncionarios, militares o empresarios asociados al régimen capturado por Estados Unidos utilicen el territorio argentino como refugio o vía de escape.

Alcance de las restricciones migratorias
La Dirección Nacional de Migraciones, bajo lineamientos directos del Poder Ejecutivo, estableció un protocolo de exclusión que afecta específicamente a:

Cúpula política: Funcionarios de alto y medio rango del gobierno venezolano saliente.

Fuerzas Armadas: Militares que formaron parte de la estructura de defensa del chavismo.

Empresarios afines: Actores económicos con vínculos probados con la administración de Maduro.

Sancionados internacionales: Personas que figuren en los listados de EE. UU. por delitos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.

Fundamentos de la Casa Rosada
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de oficializar la medida, definiendo a los afectados como "cómplices" del sistema depuesto. Desde el entorno oficial explicaron que esta acción es de carácter preventivo y tiene como objetivo impedir que Argentina se convierta en un santuario para quienes busquen eludir la justicia internacional tras la caída del régimen en Caracas.

Contexto regional
Esta política migratoria refuerza el alineamiento de Argentina con la ofensiva internacional liderada por Washington. Al bloquear el asilo o refugio a estas figuras, el Gobierno busca enviar un mensaje contundente sobre su compromiso con la transición política en Venezuela, asegurando que no habrá concesiones para quienes sostuvieron el poder junto a Maduro hasta sus últimos días.