En cumplimiento de un compromiso asumido durante su plataforma electoral, el espacio político La Neuquinidad, liderado por el gobernador Rolando Figueroa, formalizó la presentación de su primera iniciativa legislativa en las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación. El proyecto busca replicar el estricto esquema de Ficha Limpia que ya rige en la provincia del Neuquén, con el objetivo de elevar las exigencias éticas para el acceso a la función pública en todo el país.
Una ley de "máxima exigencia"
El gobernador Figueroa, tras una reunión de trabajo con la senadora Julieta Corroza y la diputada Karina Maureira, destacó que la propuesta se basa en la normativa neuquina, considerada actualmente como la más rigurosa de la Argentina. La meta central es impedir que personas con procesos judiciales avanzados o condenas confirmadas puedan postularse a cargos electivos o ser designadas en puestos del Ejecutivo.
"Queremos que la República Argentina respete los mismos valores de integridad que ya aprobamos y aplicamos en nuestra provincia", manifestó el mandatario.
Puntos clave de la reforma propuesta
La iniciativa plantea modificaciones estructurales a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley 23.298) y a la Ley de Ética Pública (Ley 25.188). Las principales restricciones alcanzarían a quienes tengan sentencias confirmadas en segunda instancia por:
Delitos contra la Administración Pública: Casos de corrupción, malversación de fondos o enriquecimiento ilícito.
Crímenes federales: Narcotráfico (Ley 23.737) y delitos del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430).
Delitos dolosos comunes: Cualquier ilícito cometido con intención que cuente con condena firme o ratificada por una instancia superior.
Sanciones institucionales: Personas inhabilitadas mediante juicio político o destituidas de sus funciones por mecanismos legales.
Hacia un nuevo estándar de integridad
Desde el bloque legislativo de La Neuquinidad, las representantes nacionales enfatizaron que el proyecto no es solo una herramienta técnica, sino un cambio de paradigma. La diputada Maureira subrayó que la propuesta representa los valores de "honestidad y transparencia" del modelo neuquino, mientras que la senadora Corroza insistió en la necesidad de ofrecer garantías reales de idoneidad moral a la ciudadanía.
El texto fundamenta que el Estado tiene la facultad de reglamentar el derecho a ser elegido para proteger el bien común y el erario público, buscando erradicar los efectos negativos de la corrupción en las instituciones democráticas.
