Tras casi dos años de una estricta parálisis nominal en los haberes de la alta administración pública, el presidente Javier Milei pondrá fin a uno de los pilares simbólicos de su gestión: el congelamiento de sueldos para cargos políticos. Según confirmaron fuentes directas de la Casa Rosada, el mandatario rubricará este martes un decreto que reajustará los ingresos de toda la plana mayor del Ejecutivo, desde el propio Presidente hasta los subsecretarios de Estado. La medida, que entrará en vigor el 2 de enero de 2025, busca desactivar una crisis interna que amenazaba con vaciar de cuadros técnicos a los ministerios.
La erosión del poder adquisitivo en la "casta" oficial
La decisión no es un gesto aislado, sino la respuesta a un diagnóstico técnico alarmante. Desde diciembre de 2023, la inflación acumulada ha pulverizado el poder de compra de los funcionarios en aproximadamente un 60%. El esquema de "dar el ejemplo" a través del ajuste —que incluso llevó a Milei a anular un intento de suba en marzo pasado mediante el decreto 235/2024— chocó con la realidad económica de sus propios colaboradores.
El malestar en el Gabinete se había vuelto una constante. Muchos funcionarios de carrera y técnicos de confianza comenzaron a señalar la imposibilidad de sostener la presión de la gestión frente a salarios que quedaron estancados mientras los precios se disparaban. "El voluntarismo tiene un límite biológico", admitió una fuente oficial, reconociendo que la brecha con el sector privado ya era "inasumible" para muchos perfiles de alto nivel.
Los detalles del aumento: Un criterio de "techo bajo"
A pesar de la actualización, el Gobierno se ha cuidado de no aplicar una recomposición total que iguale a la inflación. El criterio adoptado será el de alinearse con las paritarias del sector público, específicamente las negociadas con el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y el gremio UPCN. Esto significa que el aumento se ubicará un 30% por debajo del índice inflacionario acumulado, manteniendo así una narrativa de "esfuerzo compartido".
Los números actuales:
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Presidente: $4.066.018
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Vicepresidenta: $3.764.820
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Ministros: ~$3.584.006
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Subsecretarios: $2.981.510
El factor comparativo: El espejo del Congreso
El detonante final de esta medida fue la creciente disparidad con los otros poderes del Estado. Mientras el Ejecutivo mantenía sus haberes fijos, el Poder Legislativo autorizó subas que llevaron las dietas de los senadores por encima de los 10 millones de pesos brutos, y las de los diputados a rondar los 7 millones. Esta asimetría generó un clima de tensión interna que incluso ablandó las posturas más rígidas, como las de Luis Caputo y Federico Sturzenegger, quienes finalmente avalaron el decreto junto a Karina Milei y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El desafío de la opinión pública
La medida se toma en un terreno pantanoso. El contraste entre los sueldos de la función pública y el resto de la economía es evidente: el Salario Mínimo, Vital y Móvil cerró diciembre en $334.800, mientras que el salario promedio registrado en el país apenas supera el millón y medio de pesos.
Con este decreto, el Gobierno asume el costo político de retocar sus propios bolsillos con un argumento central: evitar la fuga de cerebros hacia el sector privado. La apuesta de Milei es que la sociedad comprenda que, para desmantelar y reformar el Estado, necesita funcionarios con salarios competitivos, aunque esto signifique romper una de sus promesas estéticas de austeridad más emblemáticas.
