El histórico organismo encargado de la impresión de valores en Argentina, con 150 años de trayectoria, se encuentra en una etapa de desmantelamiento operativo y financiero. La administración de Javier Milei ha decidido paralizar la producción nacional de papel moneda para priorizar la importación desde el exterior, un movimiento que funciona como antesala de una inminente privatización del ente estatal.
Desmantelamiento operativo y ajuste de personal
Desde finales de 2023, la planta impresora ubicada en el país ha cesado sus actividades de acuñación y grabado de billetes. Pese a contar con tecnología de última generación —incluyendo maquinaria de origen alemán sin estrenar—, el Ministerio de Economía optó por una intervención drástica.
Bajo la gestión del interventor Pedro Cavagnaro, la estructura de la Casa de la Moneda sufrió un recorte feroz:
·Reducción de plantilla: La dotación pasó de 1.300 a aproximadamente 600 trabajadores.
·Modalidad de ajuste: Se aplicaron planes de retiros voluntarios y despidos con compensaciones reducidas al 50%.
·Cambio de funciones: El organismo fue reconvertido en Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), limitando sus tareas actuales casi exclusivamente a la destrucción de moneda deteriorada.
El factor geopolítico: El "dumping" de los billetes chinos
Uno de los puntos más polémicos de la nueva estrategia es la dependencia de la China Banknote Printing and Minting Corporation. Argentina ha importado cerca de 1.420 millones de billetes desde el gigante asiático, atraída por costos que se sitúan muy por debajo de los estándares europeos.
Esta política ha despertado alertas en el sistema financiero por dos motivos principales:
1.Pérdida de soberanía estratégica: Es inusual que una nación ceda la totalidad de la fabricación de su circulante a una potencia extranjera.
2.Denuncias de competencia desleal: Proveedores internacionales señalan posibles prácticas de "dumping" por parte de China para desplazar a competidores de Suiza, Alemania y Francia.
Crisis de deuda con proveedores internacionales
El proceso de transformación enfrenta un obstáculo financiero crítico: una deuda consolidada de 300 millones de dólares con firmas globales de insumos y maquinaria. La propuesta del Palacio Hacienda para regularizar esta situación ha generado malestar en las cancillerías europeas, ya que el plan de Luis Caputo prevé cancelar el capital en 12 cuotas fijas, sin reconocer punitorios ni intereses por la mora acumulada.
Hacia la privatización y el conflicto por Nucleoeléctrica
El destino final de la entidad está siendo trazado por la Agencia de Transformación del Estado, liderada por Diego Chaher. Se espera que, tras el vencimiento de la intervención, se designe un directorio que liquide los activos o avance en la venta de la compañía.
En paralelo, este modelo de privatizaciones enfrenta resistencias en otros sectores estratégicos. Recientemente, en Zárate, el Concejo Deliberante manifestó su rechazo a la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la firma que opera las centrales nucleares del país. La oposición ya prepara una ofensiva parlamentaria para intentar blindar tanto a la empresa energética como a la Casa de la Moneda de un eventual traspaso definitivo a manos privadas.
