La ordenanza de "Pirotecnia Cero" en la localidad de Montecarlo se encuentra nuevamente bajo la lupa tras una fuerte postura de la concejal Patricia Buckmayer (La Libertad Avanza). La funcionaria ha planteado una revisión de la normativa vigente, argumentando que la prohibición total de los artículos sonoros constituye una traba arbitraria al comercio local.

El argumento de la "libertad de comercio"

En declaraciones a medios locales, Buckmayer —quien también ejerce como docente— sostuvo que la venta de estos productos no es una actividad ilícita a nivel nacional. Por ello, considera que la regulación municipal actual vulnera los derechos de los comerciantes y trabajadores del sector.

"Se está cercenando el derecho a comercializar. La venta de pirotecnia no es ilegal en Argentina, por lo que una prohibición local carece de fundamento legal sólido", manifestó la edil.

Una contradicción reconocida

A pesar de su defensa de la actividad económica, la concejal admitió que el uso de estos dispositivos genera consecuencias negativas. Buckmayer reconoció el daño que el estruendo provoca tanto en los animales como en las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). No obstante, su propuesta busca separar la libertad de venta del debate sobre el impacto sonoro, una postura que ha generado divisiones en la comunidad.

Antecedentes y contexto político

Esta no es la primera vez que Buckmayer queda en el centro de la controversia. Meses atrás, la concejal enfrentó un fuerte rechazo social y un sumario administrativo ante el Consejo General de Educación debido a publicaciones en redes sociales que fueron calificadas como apología de la dictadura.

La vigencia de la norma

Hasta el momento, la normativa de Pirotecnia Cero se mantiene firme en Montecarlo, amparada en la protección de la salud pública y el bienestar ambiental. Sin embargo, este nuevo cuestionamiento legislativo anticipa una sesión movida en el Concejo Deliberante, donde se cruzarán los derechos económicos planteados por LLA frente a los derechos de salud colectiva que fundamentan la ordenanza.