En un fallo de alto impacto político y social, el juez federal Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar que obliga al Gobierno Nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión judicial ordena la recomposición inmediata de los salarios para docentes y no docentes, además de la actualización de las becas estudiantiles, puntos que el presidente Javier Milei mantenía suspendidos por decreto.
El origen del conflicto: El Decreto 795/2025
La disputa comenzó cuando el Ejecutivo, tras la sanción de la Ley 27.795, dictó un decreto para suspender su aplicación. El argumento oficial era que la norma no especificaba de dónde saldrían los fondos para financiar dicho gasto.
Ante esto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició una demanda colectiva en octubre pasado, denunciando que el incumplimiento del Gobierno estaba "erosionando el poder adquisitivo" y poniendo en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas y el derecho constitucional a la educación.
Qué dice el fallo del Juez Cormick
El magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 11 fue contundente al declarar inaplicable la suspensión dispuesta por el Gobierno. Los puntos principales del fallo son:
·Ilegalidad manifiesta: El juez consideró que existe una "arbitrariedad e ilegalidad clara" por parte del Estado al omitir el cumplimiento de una ley nacional vigente.
·Actualización por inflación: Se ordena dar cumplimiento a los artículos 5° y 6° de la ley, que establecen que los salarios y las becas deben ajustarse según el índice inflacionario.
·Autonomía Universitaria: El fallo busca resguardar la autonomía de las instituciones frente al avance del Poder Ejecutivo sobre partidas ya aprobadas por el Congreso.
"La lesión de los derechos es consecuencia del acto de la autoridad pública de forma clara e inequívoca", sostuvo el juez en su resolución.
Impacto en la comunidad educativa
Esta medida cautelar representa un alivio para miles de trabajadores universitarios y estudiantes que dependen de las becas para continuar sus estudios. Si bien el Gobierno Nacional tiene la posibilidad de apelar la medida, la orden del juez Cormick es de cumplimiento inmediato, lo que obliga a la Casa Rosada a reasignar partidas para cubrir el desfasaje salarial acumulado durante el último año.
