Tras la inminente aprobación del Presupuesto en el Senado, el Gobierno Nacional se prepara para una nueva fase de su batalla contra las leyes que obligan a aumentar el gasto público. Según trascendió, el presidente Javier Milei analiza dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para anular las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, una maniobra que especialistas ya tildan de "al filo de la legalidad".
El plan: Aprovechar el receso legislativo
La estrategia de la Casa Rosada consistiría en esperar a que el Congreso vote el Presupuesto este viernes —sin el polémico Capítulo XI que permitía suspender estas leyes— para luego avanzar por vía ejecutiva una vez que comience el receso parlamentario.
Si bien el Presidente ratificó que no vetará el Presupuesto y que reasignará partidas para mantener el déficit cero, el interrogante persiste sobre el cumplimiento de las normas que el Congreso ya ratificó tras sus vetos previos.
Los riesgos judiciales y la figura de Adorni
El Gobierno enfrenta un dilema legal complejo. Hasta ahora, las leyes han sido aprobadas pero nunca ejecutadas, una inacción que conlleva serios riesgos para el gabinete. La falta de ejecución de las partidas podría derivar en denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, o incluso agravar la situación de otros ministros que ya enfrentan pedidos de censura en el Congreso.
Expertos constitucionalistas advierten que un DNU para derogar leyes ratificadas sería inconstitucional por dos vías: por ser "regresivo en derechos garantizados" y por no cumplir los requisitos de necesidad y urgencia que establece la Carta Magna.
"Es factible que lo intente como señal política, pero jurídicamente es muy difícil que lo pueda sostener en los tribunales", explicó un experto en derecho administrativo.
La presión a los Gobernadores
Otra alternativa que baraja el Ejecutivo es reasignar partidas que corresponden a las provincias para cumplir con las leyes de financiamiento. Esta medida buscaría trasladar el costo político del ajuste a los gobernadores, presionándolos para que sus legisladores apoyen una derogación formal en el Congreso a cambio de recuperar fondos para sus distritos.
En definitiva, la aprobación del Presupuesto no parece ser el fin del conflicto, sino el inicio de una nueva y agresiva disputa jurídica y política entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
