La Cámara Contencioso Administrativo Federal (Sala V) emitió un fallo clave que obliga al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a romper el hermetismo sobre el envío de lingotes de oro a custodias internacionales. La resolución judicial responde a un amparo presentado por La Asociación Bancaria, tras la negativa inicial del organismo a brindar detalles sobre estas operaciones.
El fin del "argumento de reserva"
En instancias previas, el BCRA había intentado bloquear el acceso a la información amparándose en excepciones de seguridad previstas en la Ley 27.275. Sin embargo, los camaristas determinaron que la entidad no logró demostrar de qué manera la divulgación de los datos pondría en riesgo los activos o el sistema financiero.
Los puntos centrales del fallo destacan:
·Transparencia vs. Secretismo: La Justicia consideró que, dado que el propio Estado reconoció públicamente el traslado tras filtraciones periodísticas, mantener una "reserva total" atenta contra los principios de buena fe y máxima divulgación.
·Falta de proporcionalidad: El fiscal del caso señaló que solicitar detalles sobre las operaciones no implica necesariamente revelar la ubicación física exacta de los lingotes, por lo que la negativa total fue considerada "irrazonable".
·Control Social: El fallo subraya que los ciudadanos tienen derecho a ejercer control sobre decisiones de gran relevancia pública que afectan la soberanía económica y la política financiera del país.
¿Qué información deberá entregar el BCRA?
A partir de esta sentencia, el Banco Central queda intimado a responder un cuestionario detallado que incluye:
1.Montos y operaciones: Confirmación oficial de los envíos realizados y las cantidades involucradas.
2.Responsables: Identificación de los expedientes administrativos y de los funcionarios que autorizaron los traslados.
3.Seguridad y Contratos: Detalles sobre la existencia de seguros que protejan el patrimonio y si se notificó debidamente a la sindicatura del banco.
Para la Cámara, las respuestas anteriores del BCRA fueron "afirmaciones genéricas" que impidieron al tribunal verificar si la negativa era legítima. Con esta decisión, se busca garantizar que una medida de tal impacto económico sea sometida al escrutinio público correspondiente.
