El jefe de la bancada del PRO en la Cámara Baja, Cristian Ritondo, ha iniciado una ofensiva legal contra el proceso de selección de los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). A través de una acción de amparo, el legislador busca que la justicia federal anule la resolución 7018-D-2025, argumentando que el procedimiento utilizado para nombrar a los funcionarios vulnera la Constitución Nacional.

La presentación judicial no solo apunta a invalidar el acto administrativo, sino que solicita una medida precautelar de urgencia. El objetivo es impedir que el organismo de control formalice la incorporación de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti, los tres nombres que surgieron de la cuestionada votación.
Los pilares de la impugnación

El reclamo de Ritondo se centra en lo que describe como una maniobra legislativa fuera de los marcos normativos durante la madrugada del 18 de diciembre:

·Exceso de facultades en Extraordinarias: Se sostiene que el Congreso no puede tratar temas ajenos al temario cerrado que envía el Ejecutivo. La inclusión de los auditores no formaba parte de la convocatoria oficial.

·Vicios de forma y fondo: La moción, presentada por el oficialismo cerca de las 3:00 am, carecía de dictamen de comisión previo y no cumplió con los pasos reglamentarios para apartarse del orden del día establecido.

·Quiebre de la representatividad: El amparo subraya que la AGN debe reflejar la pluralidad de fuerzas políticas. Según el demandante, la votación se realizó tras el retiro de diversos bloques opositores, lo que desvirtúa la legitimidad democrática del órgano de control.

Antecedentes: La demanda recuerda el escenario de 2015, cuando la justicia frenó nombramientos similares en la AGN por incumplir las normativas del Congreso, sentando un precedente clave para este conflicto.

Cuestionamiento a la Ley de Medidas Cautelares

Un punto disruptivo de la presentación es el ataque a la constitucionalidad de ciertos artículos de la Ley 26.854. Ritondo argumenta que las restricciones actuales para dictar cautelares contra el Estado limitan el derecho a una protección judicial efectiva, afectando directamente el equilibrio de poderes y la transparencia institucional.