Image
En un giro estratégico dentro del Senado, el Gobierno Nacional y los bloques de la oposición dialoguista acordaron frenar el tratamiento exprés de la reforma laboral. Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso sólido antes de fin de año, se decidió postergar la votación definitiva, originalmente prevista para finales de diciembre, hacia el cierre de las sesiones extraordinarias del próximo verano.


Los puntos clave del nuevo acuerdo

La decisión implica una modificación sustancial en la hoja de ruta parlamentaria:

·Nueva fecha de sesión: El debate en el recinto se trasladó al 10 de febrero, dejando sin efecto la intención inicial de sesionar el 26 de diciembre.

·Dictamen "abierto": Aunque se firmará un dictamen en estos días para mantener vivo el proyecto, el texto permanecerá sujeto a correcciones y sugerencias durante todo el mes de enero.

·Alcance de la ley: El secretario de Trabajo, Julio Cordero, buscó llevar calma al sector gremial al aclarar que los cambios normativos solo regirán para las nuevas contrataciones, sin afectar derechos adquiridos en vínculos laborales vigentes.

Tensiones y cuestionamientos en la Comisión

La conducción del debate quedó en manos de Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quien justificó la prórroga ante la gran cantidad de modificaciones solicitadas por diversos sectores. Sin embargo, su designación al frente de la comisión no estuvo exenta de conflicto.

El bloque de Unión por la Patria, liderado por José Mayans y Mariano Recalde, impugnó su nombramiento alegando irregularidades reglamentarias. Desde el peronismo ya advirtieron que recurrirán a la Justicia para cuestionar la validez de la conformación de la comisión, sumando un frente judicial a la ya compleja batalla legislativa.

Clima de protesta en las calles

Mientras en el Senado desfilan expositores de la UBA, cámaras bancarias y asociaciones de abogados para analizar la letra chica del proyecto, la presión externa se intensifica.

Para este jueves, la CGT convocó a una movilización hacia Plaza de Mayo, ratificando su rechazo frontal a la reforma a pesar de las aclaraciones oficiales sobre su carácter no retroactivo.

Esta tregua parlamentaria de 45 días le otorga al oficialismo el tiempo necesario para intentar desarticular la resistencia sindical y pulir un texto que, hasta ahora, no ha logrado conformar a todas las partes.

Postergan la Reforma Laboral: El oficialismo cede ante la presión y reprograma el debate para febrero

En un giro estratégico dentro del Senado, el Gobierno Nacional y los bloques de la oposición dialoguista acordaron frenar el tratamiento exprés de la reforma laboral. Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso sólido antes de fin de año, se decidió postergar la votación definitiva, originalmente prevista para finales de diciembre, hacia el cierre de las sesiones extraordinarias del próximo verano.

Los puntos clave del nuevo acuerdo

La decisión implica una modificación sustancial en la hoja de ruta parlamentaria:

·Nueva fecha de sesión: El debate en el recinto se trasladó al 10 de febrero, dejando sin efecto la intención inicial de sesionar el 26 de diciembre.

·Dictamen "abierto": Aunque se firmará un dictamen en estos días para mantener vivo el proyecto, el texto permanecerá sujeto a correcciones y sugerencias durante todo el mes de enero.

·Alcance de la ley: El secretario de Trabajo, Julio Cordero, buscó llevar calma al sector gremial al aclarar que los cambios normativos solo regirán para las nuevas contrataciones, sin afectar derechos adquiridos en vínculos laborales vigentes.

Tensiones y cuestionamientos en la Comisión

La conducción del debate quedó en manos de Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quien justificó la prórroga ante la gran cantidad de modificaciones solicitadas por diversos sectores. Sin embargo, su designación al frente de la comisión no estuvo exenta de conflicto.

El bloque de Unión por la Patria, liderado por José Mayans y Mariano Recalde, impugnó su nombramiento alegando irregularidades reglamentarias. Desde el peronismo ya advirtieron que recurrirán a la Justicia para cuestionar la validez de la conformación de la comisión, sumando un frente judicial a la ya compleja batalla legislativa.

Clima de protesta en las calles

Mientras en el Senado desfilan expositores de la UBA, cámaras bancarias y asociaciones de abogados para analizar la letra chica del proyecto, la presión externa se intensifica.

Para este jueves, la CGT convocó a una movilización hacia Plaza de Mayo, ratificando su rechazo frontal a la reforma a pesar de las aclaraciones oficiales sobre su carácter no retroactivo.

Esta tregua parlamentaria de 45 días le otorga al oficialismo el tiempo necesario para intentar desarticular la resistencia sindical y pulir un texto que, hasta ahora, no ha logrado conformar a todas las partes.