El Gobierno nacional ha optado por un cambio estratégico crucial en su propuesta de reforma fiscal: en lugar de presentar un único y amplio paquete legislativo, las modificaciones se enviarán al Congreso divididas en varios proyectos individuales. Esta decisión responde al reconocimiento en la Casa Rosada de que el ambicioso rediseño impositivo no cuenta, por el momento, ni con el capital político ni con el margen fiscal necesario para su aprobación e implementación inmediata.
Fuentes cercanas al Ejecutivo indican que la estrategia busca una implementación progresiva que se extendería durante 2026 y 2027, minimizando así el impacto fiscal y evitando desequilibrios en las cuentas públicas a corto plazo.
Prioridades y condiciones políticas
La prioridad inmediata del Poder Ejecutivo es la reforma laboral, que se espera sea sancionada antes del mes de febrero. Solo una vez alcanzado este objetivo, las iniciativas relacionadas con el sistema tributario ganarán impulso. Para el oficialismo, ambos ejes están entrelazados: "No hay una sin la otra," señalan, subrayando que la transformación del gasto público y el esquema laboral deben preceder o acompañar los cambios fiscales de fondo.
Los equipos técnicos del Ministerio de Economía están evaluando diversas opciones, pero admiten que el orden y la secuencia de las medidas aún no están definidos. La agenda tributaria se concibe como un plan de largo aliento, condicionado por la evolución macroeconómica y el nivel de recaudación.
Descarte de la versión integral
El ala presidencial admite que la propuesta más extensa de reforma resulta inviable bajo las condiciones económicas actuales. Esta propuesta original incluía modificaciones significativas, tales como:
·Un nuevo esquema del IVA.
·La eliminación del impuesto al cheque.
·Cambios en el sistema de coparticipación federal.
El Gobierno teme que avanzar con estas reducciones fiscales sin el respaldo político adecuado y sin los recursos suficientes podría generar un déficit insostenible. Por ello, la intención política es que cualquier futura rebaja de impuestos se compense con recortes en el gasto de las provincias, impulsando una mayor "competencia fiscal" entre las distintas jurisdicciones.
Foco en el Monotributo y el Margen Fiscal
Un punto que el Ejecutivo planea abordar en una fase posterior es la sustitución del régimen del monotributo, considerado "insostenible" a mediano plazo. La meta es reemplazarlo por estructuras más flexibles y sistemas graduales de incentivos que faciliten la transición de los contribuyentes hacia el régimen impositivo general. Esta reforma estructural es, además, una recomendación clave señalada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Desde el oficialismo son cautelosos, reconociendo que los recortes impositivos en estudio tienen un costo fiscal elevado que podría afectar la recaudación inmediata. Por este motivo, la directriz es clara: "Vamos a ir bajando impuestos a medida que tengamos mayor margen de caja," atando la reducción tributaria al crecimiento económico.
Primeros pasos: inclusiones en la Reforma Laboral
Como un primer avance gradual, el Gobierno ya ha introducido cambios tributarios de menor alcance dentro del proyecto de reforma laboral que se encuentra en el Senado:
·Reducciones en Ganancias para el sector empresarial.
·Nuevas exenciones en operaciones financieras e inmobiliarias.
·Creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).
·A partir del tercer período fiscal, se contempla la devolución del saldo técnico de IVA.
Además, la iniciativa busca eliminar impuestos internos de baja recaudación y otorgar mayores potestades a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la reglamentación del sistema.
Aspecto novedoso: Fondos de Asistencia Laboral (FAL)
El proyecto laboral también incluye un tratamiento fiscal diferenciado para los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a financiar las indemnizaciones. En este esquema, los rendimientos generados por estos fondos estarán exentos del Impuesto a las Ganancias y del IVA, exceptuando las comisiones. Asimismo, la contribución obligatoria del 3% a los FAL se neutralizará mediante una reducción equivalente en las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
