El proyecto de ley de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei ha despertado una intensa controversia, no solo por la flexibilización de las condiciones de trabajo, sino por una maniobra financiera que implica una transferencia masiva de recursos del sistema de seguridad social hacia el empresariado. La creación de los nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para el pago de indemnizaciones podría desviar una suma estimada en cerca de 3.000 millones de dólares anuales desde las arcas de ANSES.
La pregunta clave que surge entre los analistas es: si el dinero proviene del recorte a las contribuciones patronales, ¿quién asumirá el costo final de las indemnizaciones?
El mecanismo de "Pase de Caja" y sus críticas
Los FAL son el dispositivo central que propone el Gobierno para que las empresas gestionen los recursos destinados a cubrir despidos sin causa. A diferencia de los Fondos de Cese Laboral planteados en la Ley Bases (que fueron facultativos y poco adoptados), los FAL serán de aplicación obligatoria (con excepción del servicio doméstico y la construcción) y se financiarán con un aporte mensual del 3% de la masa salarial bruta de los trabajadores.
Sin embargo, el núcleo de la controversia radica en que este aporte del 3% no representa un costo adicional para las empresas, sino una compensación directa de las contribuciones patronales que actualmente se destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En la práctica, este esquema funciona como un "pase de caja": se extraen recursos de los fondos que hoy sostienen jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares (incluida la AUH) y se redirigen a los nuevos fondos de indemnización, administrados de forma privada e invertidos en instrumentos financieros autorizados por la CNV.
El abogado laboralista Gustavo Ciampa fue categórico al describir la medida: "Los FAL son las AFJP de esta época. Es el mismo modelo de negocios: entidades privadas manejarán y lucrarán con lo que, en esencia, son recursos públicos".
La desfinanciación y el debate sobre el empleo
Economistas y especialistas advierten sobre las graves implicancias fiscales y sociales. Juan Manuel Graña, economista de la UBA, sostiene que la medida "genera un costo fiscal gigante para el sistema jubilatorio" y que su objetivo real es "reducir derechos de los trabajadores, ampliar el margen de discrecionalidad de las empresas y desfinanciar el sistema de seguridad social".
Las estimaciones sobre la magnitud del desvío son impactantes:
·Graña proyecta una transferencia anual de entre 2.600 millones de dólares y 4.700 millones de dólares (dependiendo de la base de cálculo utilizada).
·Luis Campos, investigador de la CTA Autónoma, calcula un desvío de entre 2.000 millones y 2.500 millones de dólares anuales.
Campos agrega que la transferencia de recursos del trabajo al capital no termina allí, ya que el proyecto también contempla una reducción de un punto porcentual en el aporte patronal destinado a las obras sociales (del 6% al 5%), lo que implica una transferencia total de cuatro puntos de la masa salarial.
Aunque el Gobierno justifica la reforma con el argumento de "dinamizar" el mercado laboral y "generar empleo", los críticos insisten en que el crecimiento del empleo depende de la reactivación productiva y no de la legislación laboral.
Advertencia sobre el futuro previsional
El analista de EcoGo, Luciano Patrucco, planteó una lectura alternativa, sugiriendo que la baja de costos podría incentivar la formalización laboral y una potencial ampliación de la base de aportantes que "compensaría parcialmente la caída en la recaudación".
No obstante, la preocupación por la sustentabilidad del sistema jubilatorio es alta. Graña advierte que este desvío de recursos podría ser el preludio de una estrategia más ambiciosa: "El próximo paso, una vez que presenten una reforma previsional, será afirmar que 'el sistema está desfinanciado y hay que volver a una AFJP'; sería replicar este esquema del FAL para las jubilaciones".
El economista concluye que, si la medida tuviera un enfoque diferente, podría aplicarse, pero "solo para las micropymes", ya que aplicarla al total de los trabajadores representa un "costo inasumible para el sistema jubilatorio".
