El proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno nacional al Senado, para ser debatido durante las sesiones extraordinarias, ha generado un intenso debate con opiniones contrapuestas entre las principales cámaras que representan a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Organizaciones como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Industriales Pymes Argentinos (IPA) y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) han expresado posturas divergentes sobre los efectos de la iniciativa.
Críticas por el impacto salarial
Julián Moreno, titular de APYME, ha sido uno de los críticos más severos del proyecto. Calificó la propuesta como un “tiro en el pie” para la clase trabajadora, argumentando que la reforma impactará negativamente en los salarios y, consecuentemente, en el crucial mercado interno que sostiene a las pymes.
Moreno advirtió que la "relación desigual que se plantea" en el proyecto, sumada a la postura gubernamental, conducirá a una pérdida de poder adquisitivo para los empleados, reduciendo la masa salarial disponible. Además, sostuvo que, en un contexto recesivo, "ninguna reforma generó empleo" y que el resultado habitual de estas modificaciones es la eliminación de derechos, pudiendo llegar a "disimular la pauperización del empleo".
Puntos a favor de la seguridad jurídica
En una visión más matizada, Daniel Rosato, presidente de IPA, aunque coincidió en que hay aspectos que requieren debate con los gremios, destacó como positivo el sistema de Fondo de Cese Laboral (FCL) y Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Rosato explicó que este mecanismo podría ofrecer mayor seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para los empleadores. Recordó que IPA había propuesto previamente un esquema similar, basado en aportes patronales a una caja administrada por ANSES, destinado a cubrir indemnizaciones. Este sistema, según Rosato, beneficiaría directamente a los trabajadores al evitar la necesidad de recurrir a extensos juicios laborales para recibir su resarcimiento por despido o retiro voluntario.
Posición en análisis
Por su parte, la CAME todavía se encuentra analizando el articulado del proyecto. Vicente Lourenzo, vocero de la entidad, informó a la Agencia Noticias Argentinas que la organización aún no ha definido una postura oficial. Lourenzo reconoció que, aunque el proyecto contiene elementos que podrían ser considerados positivos, también perciben otros aspectos que resultan problemáticos para el sector.
En conclusión, mientras algunos sectores empresariales ven en la creación de fondos para indemnizaciones una herramienta para la seguridad jurídica, otros alertan que la reforma podría profundizar la precarización y dañar el mercado interno al impactar negativamente en el salario de los trabajadores.
