El juez federal Sebastián Casanello ordenó una nueva serie de allanamientos y secuestros en el marco de la investigación por el direccionamiento de contratos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los operativos, solicitados por el fiscal Franco Picardi, apuntan a seguir la ruta del dinero ilícito, con foco especial en las transferencias masivas y las inversiones en criptomonedas realizadas tras el estallido del escándalo.
Las diligencias judiciales se concentraron en financieras, empresas y domicilios vinculados a Diego Calvete, sindicado como el "cerebro" y articulador externo de la maniobra de corrupción. Una fuente judicial confirmó que el objetivo es "recuperar lo robado al Estado".
La red financiera y el "grupo museo"
Los operativos se dirigieron fundamentalmente hacia Alan Pocoví y Sergio Mastropietro, y sus firmas asociadas, señaladas como los centros de operaciones para lavar y mover el dinero:
·Baires Fly S.A. y Baires Jets S.A.: Propiedad de Mastropietro, estas firmas fueron utilizadas como centros financieros predilectos de Calvete. Las transferencias por cientos de millones de pesos argentinos se habrían ejecutado desde cuentas de empresas proveedoras de la ANDIS (como Prolite Orthopedics S.R.L., Probock S.R.L. y Droguería
Profarma S.A.) hacia Baires Fly S.A. El respaldo eran facturas con el concepto insólito de “POR COMPRA DE KILÓMETROS NACIONALES PARA SER UTILIZADO EN AERONAVES DE LA EMPRESA”.
·Criptomonedas: Parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví "serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación 'NEBLOCKSHAIN'", según las pruebas recabadas. El juez ordenó el congelamiento y la indisponibilidad de todas las cuentas descubiertas en este circuito de "plata negra".
El fiscal Picardi señaló que las diversas "operaciones —remisión de efectivo, transferencias bancarias, emisión de cheques—" manejadas por el llamado "Grupo Museo" de Calvete, en forma conjunta, podrían configurar maniobras de lavado de activos.
La maniobra post-escándalo
La investigación determinó que los movimientos más sospechosos ocurrieron después de que los audios comprometedores salieron a la luz.
El 9 de septiembre de 2025, unos días antes de la renuncia de Spagnuolo, los miembros del grupo creían que la investigación se limitaba a "KM" (en referencia a Karina Milei, Secretaría General de la Presidencia).
Sin embargo, cuando el escándalo se hizo público el 29 de agosto, Calvete ordenó una serie de movimientos para ocultar el dinero. El 9 de septiembre, Mastropietro le envía la cuenta bancaria de Baires Fly S.A. pidiéndole aviso cuando "hayas enviado". Al día siguiente, Calvete remite cinco archivos con transferencias por "cientos de millones de pesos argentinos" desde las firmas proveedoras hacia Baires Fly S.A.
En este contexto, Droguería Profarma S.A. —vinculada a Calvete y beneficiaria de las licitaciones— elevó exponencialmente su capital social de cien mil pesos a trescientos millones de pesos en julio de 2025, supuestamente aportados por sus accionistas.
Imputados y antecedentes
Tanto el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, como el exdirector de Acceso a la Salud, Daniel Garbellini, y el propio Diego Calvete, se negaron a declarar ante el juez.
La defensa de Spagnuolo, a cargo de Mauricio D’Alessandro, intentó desvincular a su cliente de los hechos, destacando que el chat donde Calvete menciona darle 5 millones de pesos al “pelado” es del 11 de junio, mientras que las fotos que lo sitúan entrando a la casa de Spagnuolo en el barrio "Altos de Campo Grande" son del 13 de agosto, buscando demostrar que el vínculo no era inmediato ni continuo.
Actualmente, Calvete se encuentra con prisión preventiva en el hospital de la cárcel de Ezeiza debido a una reciente operación ocular. Sus antecedentes incluyen una condena previa por proxenetismo y haber sido vocero de los supermercados chinos. Una fuente judicial agregó que un hombre llamado Miguel Ángel Calvete fue investigado, aunque no imputado, en la causa AMIA.
El contexto: direccionamiento de licitaciones
La causa investiga cómo se direccionaban las licitaciones reducidas del programa Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) de ANDIS.
·Entre julio de 2024 y agosto de 2025, solo dos empresas, Génesis S.A. y Profarma S.A., se adjudicaron el 93,11% de los más de $30.337 millones licitados.
·En el rubro implantes cocleares y audífonos, New Farma S.A. y Floresta S.A. concentraron más del 50% de las adjudicaciones tanto en 2024 como en 2025.
