El obispo Juan Rubén Martínez cuestionó el arancel de más de $500 mil que Vialidad Nacional exigió para permitir el recorrido de la peregrinación a Loreto por la Ruta 12. Aseguró que no existe antecedente alguno hace 24 años, denunció falta de fundamento jurídico y pidió explicaciones al organismo.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó a Vialidad Nacional por cobrar más de $500 mil para habilitar la peregrinación a Loreto y calificó la decisión como una “insensatez”. El reclamo derivó en una serie de fuertes cruces con usuarios en redes, donde aseguró que tiene el sueldo congelado desde hace dos años.
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con organismos del propio Gobierno nacional al cuestionar públicamente el arancel de más de medio millón de pesos que Vialidad Nacional exigió a la Diócesis de Posadas para permitir la tradicional peregrinación a Loreto. La funcionaria calificó la medida como una “insensatez” y exigió explicaciones.

“¿Quién puede pensar que es de sentido común que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar a la vera de una ruta? La libertad, bien, gracias”, publicó en X, donde compartió la noticia que reveló el malestar generalizado en Misiones por el cobro inédito aplicado al evento religioso de más de dos décadas de historia.

El mensaje abrió paso a una larga cadena de intercambios en redes. Villarruel respondió uno por uno a usuarios que criticaron su postura y terminó protagonizando duros cruces con insultos y acusaciones.

En uno de esos intercambios, la vicepresidenta lanzó un inesperado reproche: “Mi sueldo está congelado hace dos años”, en respuesta a un comentario que le exigía mayor “coherencia” en su reclamo. También aclaró que “tampoco recibo fondos reservados”, en un intento por desarticular cuestionamientos sobre supuestos privilegios.

La polémica por el cobro de Vialidad se profundizó en Misiones tras las declaraciones del obispo Juan Rubén Martínez, quien aseguró que en 24 años de peregrinación “nunca existió un arancel similar” y calificó la medida como “sorpresiva, injustificada y sin fundamento jurídico conocido”.

Mientras desde la Diócesis esperan explicaciones formales, la intervención de Villarruel agregó presión política sobre el organismo nacional, en un tema que ya generó malestar entre fieles, autoridades provinciales y referentes religiosos.